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Sociedad

Los profesionales sanitarios rechazan la nueva Ley de Residencias

El Consejo de Enfermería critica que la Ley de Residencias no recoja la figura de enferma especialista en geriatría

Mujer en una residencia. / Owen Franken

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Varios colectivos y agrupaciones de profesionales sanitarios rechazan la nueva norma de la Junta de Castilla y León que regula el funcionamiento de los centros residenciales en la comunidad. Entre ellos el Consejo Regional de Colegios de Enfermería de Castilla y León que ha expresado su "decepción" por el hecho de que la nueva Ley de Residencias no recoja en su articulado la incorporación de la figura de la enfermera especialista en geriatría como el referente sanitario para los centros de atención a los mayores en Castilla y León, demanda de este colectivo.

"A pesar de nuestras propuestas, esta ley que nace, olvida a los profesionales de enfermería", ha manifestado el presidente de la organización colegial, Enrique Ruiz Forner, en declaraciones recogidas en un comunicado.

"Reclamábamos que la Ley reguladora del modelo de atención en los centros de carácter Residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración de Castilla y León incluyera la enfermería geriátrica como referente", ha recordado.

"La creación de centros y de unidades de convivencia para personas no dependientes no tiene nada que ver con los centros residenciales en los que hay que prestar cuidados a personas en situación de dependencia y personas con discapacidades, a los que, de no repararse a través de las normas que desarrollarán esta ley, se les negará la atención asistencial que ofrecen los profesionales cualificados, como son las enfermeras y, sobre todo, las especialistas en enfermería geriátrica", ha argumentado Ruiz Forner.

El Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería de Castilla y León advierte así de que estará atento a la elaboración de las normas que desarrollarán el contenido legislativo de la norma aprobada en las Cortes. En concreto, a las ratios de personal que la ley no establece en sus artículos y que deberán determinarse en la reglamentación posterior.

"No es posible una correcta atención a las personas en situación de dependencia sin la presencia de profesionales sanitarios en el centro y, en especial, de la enfermería que ha tenido un papel esencial en la pandemia, sobre todo en las residencias y que ahora parece olvidado, por lo que reclamaremos para que en las futuras normas que desarrollen esta ley se incluya la enfermería como personal esencial para el buen funcionamiento de los centros de atención residencial para cuidados de larga duración", ha apuntado Enrique Ruiz Forner.

Por su parte Comisiones Obreras considera la Ley de Residencias un "engaño" que "no va a ayudar a resolver los problemas del sector" y advierte de que no cumple el el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, ya que "carece de las ratios mínimas de personal".

Así lo ha expuesto la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, que ha lamentado que la norma es "una oportunidad perdida de poner el sector en la vanguardia de los cuidados y de la dignidad de las personas que los precisan y de los profesionales que los ejercen".

"Si la Consejería responsable no atiende las ratios de atención directa, limpieza y alimentación, no entiende la base de los cuidados imprescindibles para la persona. Y si tampoco contempla los cuidados sanitarios mínimos y necesarios de una población especialmente vulnerable, el Gobierno autonómico no se ocupa realmente de la autonomía y atención de las personas dependientes", ha avisado.

Así, ha tildado la ley de un "engaño" que afecta "negativamente" a los centros de carácter residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León, a lo que se suma que "aboca a la Atención Primaria a un colapso aún mayor del que ya sufre".

Para el sindicato, la norma provoca esto "al pretender que sea el personal de unos centros de salud claramente infradotados quien se ocupe de estas personas, poniendo en jaque no sólo la calidad de la atención, sino la propia atención tanto de los residentes como de la población general".

"Tan clara es la situación que nos plantea esta ley acerca de que la asistencia sanitaria en los centros se derive a la sanidad pública, que en las condiciones arquitectónicas que se van a exigir a los centros no figura un espacio dedicado a cuidados sanitarios, únicamente se hace mención a 'alguna sala polivalente, un botiquín elemental y recursos instrumentales básicos para curas'", ha incidido al respecto.

Igualmente, ha censurado que se "deja sin especificar y pendiente a un posterior desarrollo de la norma" aspectos como las ratios mínimas de personal, una de las principales reivindicaciones de CCOO, que ve "imprescindible" la determinación del personal necesario para un desarrollo "adecuado" de los cuidados y para todas las categorias profesionales.

En este sentido, CCOO ha lamentado la "escasa acogida" de sus aportaciones al borrador y al anteproyecto. En concreto, se han quedado "fuera" puntos "tan importantes" como las ratios mínimas para todas las categorías profesionales, el incremento de financiación y aumento de plazas públicas, la formación necesaria para el gestor de casos y criterios de calidad como la estabilidad de la plantilla, obligatoriedad de planes de igualdad, diseñar un plan de formación de continuada de agentes sociales o definir las titulaciones necesarias de los profesionales, entre otros.

"Nos encontramos ante la aprobación de una ley que no va a ayudar a resolver los problemas del sector, no va a ser una ley que aporte calidad a la atención en los centros sino que su ambigüedad y el dejar a 'su posterior desarrollo' los aspectos importantes deja en situación de indefensión a los usuarios y profesionales de los centros", ha sentenciado el sindicato.

También se ha unido a las críticas el sindicato de enfermería SATSE porque la nueva ley no establece los profesionales sanitarios mínimos que se necesitan en los centros por lo que ha zanjado que la nueva norma "defrauda" y es "decepcionante".

Asimismo, ha lamentado que, tras cuatro años de tramitación de la nueva norma, no se hayan tenido en cuenta las aportaciones de organizaciones como SATSE para garantizar por ley una mejor asistencia a los residentes a través de unas ratios mínimas de profesionales sanitarios, como enfermeras y fisioterapeutas, para atender las necesidades de las residencias.

A esto ha añadido que la mayoría de los residentes tienen "un elevado grado de dependencia y requieren numerosos cuidados enfermeros y de fisioterapia".

SATSE ha acusado a la Junta de haber perdido una oportunidad para establecer un marco concreto que atienda la principal necesidad de estos centros, "y no sólo una declaración de intenciones", y ha reivindicado la necesidad de contar con "suficientes profesionales para hacer frente a las cuantiosas demandas de asistencia que presentan los residentes de los centros de mayores y de personas con discapacidad".

En este sentido, ha advertido de que no contar con profesionales sanitarios suficientes, como enfermeros y fisioterapeutas, en los centros residenciales tendrá "consecuencias negativas" para la asistencia sociosanitaria puesto que disminuirá la garantía de calidad en la asistencia.

El Sindicato de Enfermería ha recordado que las enfermeras y fisioterapeutas son "trabajadores esenciales y absolutamente necesarios" para la realización de determinadas actividades y técnicas específicas que se llevan a cabo en centros residenciales, como la administración de medicación, la realización de curas, los cuidados y cambios de sondajes y la valoración y cuidados integrales al anciano residente.

"Estas actividades --ha advertido SATSE-- no pueden ser realizadas por trabajadores que no cuentan con formación ni competencias legales para ello".

"La realidad es que ya hoy, los centros residenciales de Castilla y León están bajo mínimos de profesionales como las enfermeras y fisioterapeutas, con residencias en las que apenas hay una enfermera por turno para cerca de 300 residentes muy dependientes (con varias dolencias crónicas, pluripatologías, etc.)", ha añadido el sindicato.

También ve necesario que se mencione específicamente a las enfermeras especialistas en Geriatría, "una figura totalmente desaparecida de esta nueva ley, cuando son los profesionales especializados en el cuidado de las personas de edad avanzada". "Esto significa que se prescinde del avance asistencial que supone contar con profesionales cada vez más especializados para ofrecer mejores cuidados", ha añadido el sindicato de enfermería.

A su juicio, la Junta de Castilla y León sólo quiere favorecer los intereses privados "sin tener en cuenta a su población" en un momento en el que hay "numerosos fondos de inversión interesados en entrar en el negocio de las residencias de mayores y personas con dependencia".

Finalmente, ha exigido al Gobierno autonómico que el desarrollo de la Ley tenga en cuenta estas cuestiones ya que, de lo contrario, "la nueva normativa en nada beneficiará a la población mayor y con dependencia de la Comunidad y servirá sólo para atender intereses que nada tienen que ver con el interés público".

 
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