Burgos tendrá que pagar entre 30 y 40 millones por la devaluación del suelo de los consorcios
El pleno del Ayuntamiento de Burgos ha ratificado el inicio del proceso de disolución de los consorcios del Desvío y Villalonquejar
El concejal de Urbanismo, Manuel Manso, ha tendido la mano al PSOE para culminar la disolución de los consorcios / Ayuntamiento Burgos
Burgos
La pérdida de valor del suelo urbano que posee el Consorcio del Desvío ferroviario, supondrá un ''agujero'' entre 30 y 40 millones, que pagará con recursos propios el Ayuntamiento de Burgos, y no podrá compensar esa deuda mediante la venta de parcelas.
Este es uno de los efectos negativos que tendrá la disolución de los consorcios aprobada hoy en el pleno, como ha reconocido la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, quien ha mostrado su voluntad de ir de la mano con la oposición, en un asunto no exento de riesgos, pero que exige consenso en defensa del interés general.
El concejal de Urbanismo, Manuel Manso, ha admitido que a lo largo del proceso de disolución de los entes de gestión del Desvío y la ampliación del polígono de Villalonquejar, pueden surgir conflictos de carácter jurídico urbanístico, cuando se confronte con las entidades financieras acreedoras, y que achaca a los actores del sistema judicial, a quienes atribuye la capacidad de retorcer la ley, donde los ingenieros, como él, lo tienen claro.
El concejal del PSOE, Julio César Arnáiz, abogado de formación, defiende la tarea que tienen los técnicos jurídicos en este complejo asunto, porque ''los ingenieros no lo saben todo'', rebate a Manso, pero coincide en la necesidad de disolver los consorcios. Eso sí, exige conocer todos los informes preceptivos de los funcionarios municipales para caminar sobre seguro en la hoja de ruta que termine con el lastre de la deuda acumulada. Hasta conocer mejor esa 'hoja de ruta', el PSOE se ha abstenido en este arranque del procedimiento.
Disputas de ingenieros y abogados aparte, el Ayuntamiento de Burgos inicia el proceso de disolución de los consorcios, que arrastran una deuda de 203 millones de euros, pero que servirá para incrementar el patrimonio municipal de suelo, urbanizable e industrial. El pleno ha aprobado ya el pago de 30 millones de esa deuda de los consorcios, dentro de la cuarta modificación del Presupuesto municipal.
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