Tirón de orejas del Procurador del Común a la Junta: le pide que mejore la atención primaria en el medio rural

Valladolid

El Procurador del Común tira de las orejas a la Consejería de Sanidad por la calidad de la atención primaria en el medio rural, sobre todo en los consultorios de los municipios más pequeños. La resolución que firma Tomás Quintana y que lleva fecha del 15 de este mes de abril parte de la denuncia del alcalde de Urones de Castroponce, que llevó el caso de su municipio ante el defensor del pueblo de Castilla y León.

Exponía en su queja el progresivo empeoramiento del servicio: antes de la pandemia provocada por el Covid 19 tenían médico tres días a la semana. Después, pasaron a uno a la semana, siempre con cita previa, pero ha habido periodos en los que el médico no aparecía en dos semanas y se les derivaba a otro pueblo.

El regidor, Ignacio Castañeda, asegura que el suyo no es un caso aislado ya que en la misma situación están otros pueblos de alrededor que se quejan de lo mismo: "Nos derivaban a municipios del entorno y la población es una población envejecida con pocos recursos para poder moverse de un lado a otro, y están en tratamiento de sintrom, por ejemplo, y lo que no puede ser es que se haga el tratamiento con quince días de retraso, con todo lo que eso conlleva para su salud".

Se quejan de la falta de respuesta desde la Junta de Castilla y León aunque el alcalde seguirá intentando reunirse con alguien para solucionar este problema... al que le llega otro capítulo, otro cambio más de médico: "Me comunican, yo no lo sé, que viene otro médico. Después de tener una doctora hasta 2020, desde entonces hemos tenido con este cuatro médicos distintos. No hay continuidad".

El mismo servicio

El Procurador del Común no solo le da la razón sino que va más allá y recuerda a la Consejería de Sanidad la obligación de ofrecer el mismo servicio, de la misma calidad y en las mismas condiciones, a todos los habitantes de la comunidad. Para ello cita en primer lugar el artículo 43 de la Constitución Española, "que no sólo recoge el derecho de los ciudadanos a la protección de su salud sino que establece un correlativo deber de los poderes públicos de tutelarlo [...] al margen del lugar de residencia de los particulares o sus posibilidades físicas o económicas para desplazarse".

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Continúa Quintana con el artículo 13.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que dispone que todas las personas tienen “derecho a la protección integral de su salud, y los poderes públicos de la Comunidad velarán para que este derecho sea efectivo”.

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En este mismo sentido, el artículo 3.2 de la Ley General de Sanidad, al reconocer el principio de universalidad del derecho a la asistencia sanitaria, señala que “el acceso y las prestaciones sanitarias, se realizarán en condiciones de igualdad efectiva” e igualmente, el artículo 12 de la Ley General de Sanidad dispone que los poderes públicos orientarán sus políticas de gasto sanitario en orden a corregir desigualdades sanitarias y garantizar la igualdad de acceso a los servicios sanitarios públicos.

Por lo tanto, continúa el Procurador del Común, "la planificación del servicio público de salud ha de considerar las especiales circunstancias de los municipios rurales y de las personas que residen en ellos, para dotar el servicio de los medios necesarios para lograr la prestación del mismo en términos de equidad", para lo que reclama el cambio de las normas que sean necesarias para llegar a ese objetivo.

Las condiciones de los médicos

La institución pide también revisar las condiciones en las que los médicos prestan su servicio. De hecho, una de sus resoluciones pide que se adopten "las medidas oportunas para una adecuada organización de los recursos materiales y personales con los que cuenta la asistencia sanitaria primaria en el medio rural, tomando especialmente en cuenta los derechos de los profesionales, promoviendo su desarrollo profesional y una mayor estabilidad laboral".