Un nuevo informe jurídico cuestiona que el alcalde pueda elegir a su voluntad las enmiendas presupuestarias que se votan en el pleno

Aranda de Duero

¿Pueden las mismas leyes decir una cosa y su contraria? Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Aranda parecen haberlo conseguido al emitir en mes y medio dos informes totalmente opuestos sobre la tramitación de las enmiendas al presupuesto utilizando exactamente la misma normativa de referencia. Mientras el primero atribuía al alcalde la exclusiva competencia para elevar al pleno las enmiendas y elegir cuáles de ellas se incorporaban según su voluntad, el segundo indica que las enmiendas que hayan sido debidamente tramitadas tienen necesariamente que incorporarse al documento sobre el que se pronunciará el pleno.

Tal y como les avanzó la Cadena SER los servicios jurídicos municipales emitieron a principios de marzo un informe, a petición del alcalde y firmado por el Oficial Mayor, cuya argumentación giraba entorno a la afirmación de la Ley de Haciendas Locales de que es el Presidente (alcalde) de un Ayuntamiento quien "forma el presupuesto." De esta afirmación deducía que también al alcalde le corresponde decidir qué enmiendas tienen posibilidad de votarse en pleno y cuáles no. Y todo ello pese a que el reglamento municipal de Aranda indica que aquellas enmiendas con dictamen favorable de la comisión de Hacienda se tienen que incorporar al documento que se eleva al pleno. El Oficial Mayor, sin embargo, encuentra que se está faltando a la "jerarquía normativa" por la que una norma de rango menor, como un reglamento municipal, no puede contradecir a otra de rango mayor como es la Ley de Haciendas Locales. Un criterio al que en ningún momento se ha apelado hasta ahora en los 20 años de funcionamiento del reglamento municipal desde su aprobación.

El nuevo informe, elaborado en este caso por la Secretaria General del Ayuntamiento a petición de PP y Vox (es preceptivo hacerlo cuando lo pide al menos un tercio de la corporación) dice que esta interpretación es errónea. En este caso se ampara en jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en una reciente sentencia respaldaba el derecho de los concejales a presentar enmiendas, así como la capacidad de los municipios de modular en su reglamento orgánico la forma de tramitarlas. Por este motivo el nuevo informe concluye que la anterior interpretación del Oficial Mayor es errónea porque "en síntesis viene a efectuar una interpretación restrictiva del derecho a presentar enmiendas, de modo que las permite, pero luego deja a discrecionalidad del alcalde su aceptación o no." Por este motivo concluye que "no cabe aplicar el principio de jerarquía normativa para justificar el desapoderamiento del derecho a presentar enmiendas a los Concejales." Si bien reconoce que al alcalde le corresponde "la elaboración del presupuesto" añade que a los concejales les corresponde "su enmienda, total o parcial". Es decir, concluye que el alcalde es quien tiene capacidad de elevar o no un presupuesto a pleno, pero no puede vetar la incorporación en él de las enmiendas de los grupos municipales que hayan sido debidamente informadas y dictaminadas, porque es el procedimiento con el que el ayuntamiento de Aranda se ha dotado en su reglamento en virtud de la autonomía que reconoce a las entidades locales la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

En una cosa sí están de acuerdo ambos informes: no podrá haber cuestión de confianza vinculada a los presupuestos si estos previamente no han sido rechazados por el pleno.