La Junta rechaza cambiar su modelo de educación inclusiva a pesar de las indicaciones de organismos internacionales

Valladolid

La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León cree que la educación inclusiva está garantizada en la comunidad a pesar de que su departamento insiste en concentrar a los alumnos con necesidades educativas especiales en centros concretos, los llamados centros de referencia.

Sin embargo, organismos internacionales como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, asociaciones como Solcom y familias, como la de Noa y el alumno con discapacidad motora del instituto José Jiménez Lozano opinan lo contrario. Consideran que lo realmente inclusivo sería dar clases en centros ordinarios y que estos cuenten con los recursos necesarios. En definitiva: que los recursos vayan donde están los alumnos y no al revés.

Pero a juzgar por las declaraciones de Rocío Lucas a la Cadena SER, la situación en la comunidad va a seguir igual: "En todos los centros donde hay un número determinado de alumnos que necesitan ese refuerzo, se ha llevado. Se intenta aprovechar y dar eficiencia al sistema con lo que ofreces los centros donde estén los PT- profesor de pedagogía terapéutica, AL- profesor de audición y lenguaje-, fisioterapeuta... no todos los centros tienen las mismas especialidades y se ofrece al alumno el refuerzo que necesita".

La satisfacción para Lucas es elevada y cifra en un 90% de inclusividad de alumnos en centros ordinarios "y los recursos se ponen allí donde se necesitan".

Respecto a las quejas de las familias que se ven obligadas a elegir entre determinados centros alejados de sus hogares en muchas ocasiones, y también de Predif, que apuesta por una "verdadera libertad de elección" para las familias con alumnos con discapacidad, la consejera cree que se trata de "casos puntuales", dado que hay "10.000 alumnos con necesidades especiales en centros de educación ordinarios".

La Junta "incumple"

SOLCOM, la Asociación para la solidaridad de las personas con diversidad funcional y la inclusión social, asegura que la Junta de Castilla y León incumple sistemáticamente su obligación de favorecer una educación inclusiva.

Mari Mar Álvarez, presidenta de SOLCOM, recuerda que la educación inclusiva no es una opción sino una obligación: "Castilla y León está obligada a dar los recursos en los centros ordinarios tal y como recoge la Convención de las Personas con Discapacidad en el artículo 24, en el derecho a la educación inclusiva; se tienen que dar los recursos necesarios para todos los niños, sin sufrir discriminación. Si necesita adaptar los contenidos, se lo tienen que dar, igual que si lo necesita en lectura fácil. La Consejería está obligada a hacerlo".

Y a esa obligación añaden, además, que se respete la voluntad de las familias para llevar a sus hijos al centro que quieran y llevar a cabo esa adaptación allí.

Lo que dice la ONU

El Comité de la ONU para las Personas con Discapacidad recomienda la escolarización en la educación ordinaria, algo a lo que le obliga además la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A este respecto, en otras comunidades autónomas ya lo hacen de esta forma. Es el caso de La Rioja, donde pueden ir a colegios ordinarios hasta 6º de primaria.

En otras se contempla la creación de aulas específicas para estos niños en los centros, de forma que no pierdan el arraigo ni a sus compañeros. Por ejemplo, en Andalucía hay personal técnico de integración social y en la Comunidad de Madrid cuentan con una figura similar con apoyo también en el lenguaje y la fisioterapia.

Sistemas educativos "poco preparados"

Desde la Asociación de Apoyo e Investigación del Síndrome 5p-, la enfermedad de Noa, creen que los sistemas educativos no están preparados para estas enfermedades y se quejan de esas diferencias entre comunidades autónomas.

Tampoco hay alternativas para conciliar, los campamentos que se ofertan no están preparados, no hay actividades en periodos vacacionales... y las ayudas públicas son muy pocas, tal y como señala Georgina Montes, madre de una niña con este síndrome y miembro de la organización: "Una vez que se tiene el grado de discapacidad reconocido tienes que ir a tramitar la dependencia, bien para una asistencia en el hogar, terapias o ayudas económicas por la conciliación laboral... También hay otras ayudas pero para conseguirlas hay muchos requisitos y no hay casi información".