El PP asegura que la Ley de Concordia de Castilla y León cumplirá ''escrupulosamente'' con la de Memoria Democrática
El diputado popular por Burgos, Ángel Ibáñez, ha garantizado que la futura ley no ''menoscabará'' los derechos de las víctimas
Memorial instalado en el Cementerio de Burgos a iniciativa de la Coordinadora por la Recuperación de la Memoria Histórica / CRMH Burgos
Burgos
La futura Ley de Concordia de Castilla y León no menoscabará los derechos de las víctimas, en una adaptación escrupulosa a las circunstancias de la Comunidad de la ley de Memoria Democrática en vigor desde 2022. Así lo ha asegurado el diputado por Burgos en el Congreso, Ángel Ibáñez, quien asegura que en el PP están muy tranquilos respecto a posibles impugnaciones de la norma, que todavía no tiene un texto definitivo.
Ibáñez achaca a la izquierda unas ganas de generar polémica con estas leyes que han surgido en varios lugares donde gobiernan el PP y Vox. ''Hay demasiadas ganas de generar fuegos de artificio por parte de la izquierda al respecto de esta cuestión y por eso nosotros lanzamos como formación política un mensaje de completa tranquilidad porque se va a ser muy respetuoso con los textos que ya están aprobados y que están promulgados en la legislación en el ámbito nacional en esta materia'', ha remarcado el diputado del PP.
El diputado popular insiste en que la ley de Concordia de Castilla y León será muy respetuosa con el marco constitucional y solo pretende desarrollar la nueva norma de ámbito estatal, que sustituyó a la anterior de Memoria Histórica, ya que el decreto autonómico que la desarrollaba en la Comunidad, había quedado superado.
La Ley de Memoria Democrática establece que el Estado asume el liderazgo en la búsqueda e identificación de desaparecidos y el impulso de las exhumaciones. Impulsa la creación de un banco nacional de ADN de víctimas de la guerra y la dictadura. Recoge un reconocimiento explícito del papel del movimiento memorialista y crea una estructura estable de participación a través del Consejo de la Memoria Democrática.
Declara la ilegalidad de los tribunales franquistas de excepción y la nulidad de sus sentencias y el derecho a la investigación de las violaciones de derechos humanos de la guerra y la dictadura hasta la promulgación de la Constitución de 1978. Avanza en la necesidad de realizar una auditoría y un inventario de bienes incautados y sanciones económicas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
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