Aranda de Duero

El Ayuntamiento de Aranda se prepara para la entrada en escena de una nueva ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular que será de obligado cumplimiento dentro de once meses y que tiene a las administraciones locales buscando pistas para saber cómo aplicarla.

La Casa de Cultura acoge este mediodía una jornada de derecho tributario, que forma parte de un ciclo del Ayuntamiento de Aranda para ofrecer información detallada de estas cuestiones con el apoyo de expertos, que en este caso coincidían en reconocer que, aunque apenas hay un año de margen, falta información para llevar a la práctica esta normativa, cuyo principio es que ‘el que contamina paga’.

Alejandro Menéndez, catedrático emérito de Derecho Financiero y Tributario de la UVA, anunciaba que lo único que se sabe prácticamente es que los ayuntamientos deberán cobrar una tasa sobre la contaminación que generan particulares y empresas para financiar los servicios que se dedican a la recuperación de esos residuos para favorecer la economía circular. Pero más allá, la ley no ofrece datos más precisos. “La verdad es que la ley no ofrece datos lo suficientemente certeros y seguros como para que todos los ayuntamientos de España, que están obligados a ello, puedan aprobar una ordenanza reguladora de esta materia, que es muy compleja, muy diversa, que tiene muchos problemas de cuantificación general y de atribución individualizada”, comentaba Menéndez al que le acompañaban como ponentes Antonio Arenales, Jefe de Inspección Tributaria del Ayuntamiento de Valladolid y Jesús Mozo, secretario general de ese mismo Consistorio.

Más problemática para pequeños municipios

A mayores, dentro de una mesa de debate, el acto ha contado con la presencia de Jesús Matesanz, tesorero del Ayuntamiento de Madrid. Decía que esta nueva legislación puede ser especialmente problemática de aplicar para los ayuntamientos pequeños. En cualquier caso cree que el principio de proporcionalidad entre los residuos que se generen y lo que se pague va a ser difícil de determinar para los particulares, por lo que las administraciones tendrán que profundizar más en el sector industrial y comercial. “Entiendo que para el ciudadano normal lo que se hará es establecer una tasa muy parecida a la que teníamos ahora, por cabeza o en función de los valores catastrales de la vivienda y donde va a profundizar más es sobre todo en el sector industrial y comercial”, explicaba. Matesanz advierte también de que la diversidad que hay sobre la recogida y tratamiento de residuos, recordando que en zonas rurales se suele hacer con el formato de mancomunidades. “No es lo mismo Castrillo de la Vega, cuya actividad principal será el bar o la carnicería, que Aranda, que tiene varias grandes industrias, por eso estamos en un debate muy profundo de cómo se implanta”, concluye.

Que la FEMP se moje

Alejandro Menéndez lo que propone es que la Federación Española de Municipios y Provincias tome partido para orientar a los ayuntamientos y el Ministerio de Hacienda ofrezca más transparencia también al respecto. “Es una tasa muy compleja, porque da muchas posibilidades la ley y eso es inseguridad jurídica frente a los municipios y luego hay un 70% de municipios en España que tienen menos de 2.000 habitantes, en cuyo caso no tienen una infraestructura burocrática capaz de hacer algo que sea invulnerable a las reclamaciones legítimas que los destinatarios puedan hacer, sobre todo los empresas y los entes que tienen un poder económico que sea capaz de responder a eso”, advierte.