Piden aumentar la condena contra Pedro Muñoz por alzamiento de bienes a 3 años y medio
El fiscal pide para él casi dos años y medio de prisión y las defensas reclaman la libre absolución
Muñoz y sus hijos, en el banquillo / Ana Maceda
Ponferrada
El expolítico Pedro Muñoz ha vuelto a sentarse este lunes en el banquillo de los acusados del juzgado de lo Penal de Ponferrada para responder por un presunto delito de insolvencia punible en su modalidad de alzamiento de bienes en grado de tentativa, por el que la Fiscalía solicita dos años y cinco meses de prisión.
La acusación pide aumentar la condena contra Pedro Muñoz por presunto alzamiento de bienes a tres años y medio, en lugar de los dos años y cinco meses de reclama la Fiscalía. El abogado de Raquel Díez considera que el intento de Muñoz de dejar sus bienes a nombre de sus hijos, ocho días después de ingresar en prisión, fue ‘consumado’ y no un mero intento como defiende el fiscal.
Precisamente, la acusación pública explicó en el juicio que considera probado el intento de Muñoz de descapitalizarse mediante la donación a sus hijos, que no tenían responsabilidad hacia la víctima, Raquel Díaz. La operación permitiría al expolítico seguir usando esos inmuebles, de los que sería ‘el señor’, según la calificación de la Fiscalía.
Por su parte, la defensa del exconcejal de Ponferrada, actualmente condenado por malos tratos y lesiones agravadas a su exmujer, reclama la libre absolución de su patrocinado y, en caso de que haya condena, solo sea una pena mínima con la atenuante de dilación indebida.
Por otro lado, la defensa de los dos hijos de Muñoz, también acusados de participar en ese presunto alzamiento de bienes, reclama la absolución por no ser conscientes de la existencia de un posible delito.
Los hechos que se juzgan inmediatamente después de la detención de Muñoz tras la agresión sufrida por su ya expareja Raquel Díaz por la que ha sido condenado a cerca de 17 años de prisión por un delito de maltrato continuado y lesiones agravadas y por el que permanece en prisión provisional en la cárcel asturiana de Villabona hasta que la sentencia sea firme.
Fue el entonces abogado de Raquel Díaz, el que se dio cuenta de la maniobra y pidió al Juzgado de Instrucción número 5 de Ponferrada que adoptase medidas cautelares, algo que hizo emitiendo orden de embargo preventivo de los inmuebles en junio de 2020 así como la prohibición de disponer, transmitir a terceros o gravar dichos bienes.
En esta causa no sólo se juzga a Pedro Muñoz como responsable del delito sino que también se enjuicia a sus dos hijos en concepto de cooperadores necesarios dado que ambos asumieron ante notario la donación sin coste alguno que intentaba formalizar Muñoz desde prisión sobre varias fincas rústicas y las urbanas de Toreno y Santo Tomás.
El Ministerio Fiscal entiende que se produjo por tanto, y a sabiendas ya de que debería responder con su patrimonio a la responsabilidad civil que tendría con Raquel, un delito de frustración de la ejecución/insolvencia punible. De hecho ya se habían aportado las facturas de los hospitales de León y de Toledo con cuantías que superaban los 122.000 euros.
La defensa de los acusados, que pide su libre absolución, entiende sin embargo que Muñoz no intentó eludir este pago sino que buscaba el modo de compensar y saldar los gastos que tenía derivados de tres préstamos hipotecarios, del importe del IRPF del año y también de los que se iban a originar para su defensa en la investigación seguida en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 5 de Ponferrada así como para poder asumir con solvencia la cuantiosa fianza que pensaba que se le iba a imponer para poder eludir la prisión provisional.
Pedro Muñoz en el juzgado de lo Penal
Pedro Muñoz y sus hijos buscaban por tanto, dice en el escrito de defensa su abogado, tener la liquidez de la su padre carecía y que les habían negado distintas entidades financieras ante la situación de endeudamiento, la edad, los ingresos y la situación procesal de su padre. Acuerdan por tanto con él que les done sus bienes libres de cargas y una vez en su poder ofrecerlos como garantía. Intentaron incluso hipotecar la casa y el garaje del matrimonio, pero la imposibilidad de contar con el permiso de Raquel y de su asentamiento en el registro de la propiedad, les llevó a renunciar a la donación.
Lo que tendrá por tanto que determinar el Magistrado de lo Penal es si con la donación Muñoz buscaba o no quedarse en una situación de insolvencia que dificultaría el cobro de cualquier posible indemnización para la víctima Raquel Díaz, en caso de que la sentencia fuese condenatoria, una resolución que, a día de hoy, le obliga a pagar en concepto de responsabilidad civil 1,5 millones de euros a su exmujer.
