Berkeley presenta un arbitraje internacional contra España por su proyecto fallido en Salamanca
Exigen 1.000 millones de dólares
Instalaciones de Berkeley Minera en Retortillo, Salamanca / Stop Uranio
Salamanca
Berkeley Exploration Limited, compañía inglesa propietaria de Berkeley Minera España, ha iniciado un procedimiento de arbitraje contra el Reino de España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
Según la empresa minera, "las acciones de España contra Berkeley Minera España y el proyecto Salamanca han violado múltiples disposiciones del Tratado de la Carta de la Energía (TCE)" y como parte de su solicitud, Berkeley Exploration Limited está buscando una compensación que, de manera preliminar, será del orden de 1.000 millones de dólares". Este arbitraje podría convertirse en la mayor reclamación enfrentada por España desde que José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno de España.
Como se anunció previamente, en noviembre de 2022, Berkeley Exploration Limited presentó una notificación escrita de una disputa de inversión al presidente del Gobierno de España y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) informándoles de la naturaleza de la disputa y de las violaciones del TCE, y proponiendo buscar negociaciones para una solución amistosa conforme al artículo 26.1 del TCE. Hasta la fecha, el Gobierno español aún no ha entablado ninguna conversación relacionada con la disputa y Berkeley Exploration Limited ha presentado ahora su solicitud "para hacer valer sus derechos en el proyecto Salamanca a través del arbitraje internacional". Dicha solicitud ha sido presentada conjuntamente por equipos especializados de Herbert Smith Freehills Spain LLP y LCS Abogados, quienes representarán a Berkeley Exploration Limited en el arbitraje.
A pesar de la disputa de inversión, Berkeley Exploration Limited, a través de un comunicado, asegura "seguir comprometida con el proyecto Salamanca y continúa abierta a un diálogo constructivo con España". Así mismo, la compañía está dispuesta a colaborar con las autoridades españolas pertinentes para encontrar una resolución amistosa a la situación de los permisos y mantiene la esperanza de que las conversaciones se puedan celebrar a corto plazo.
La empresa sigue defendiendo la viabilidad del proyecto de Salamanca, que "será clave para la reactivación del empleo en un área devastada por la despoblación en las últimas décadas. Hasta la fecha, la compañía ha invertido más de 100 millones de euros en el proyecto, de los cuales más del 40% permanecieron en la región, y ha contado con más de 70 empleados".
Insisten en que el proyecto Salamanca "se está desarrollando siguiendo los más altos estándares de protección ambiental y sostenibilidad. En este sentido, la compañía está totalmente comprometida con promover el desarrollo local".