El arzobispo de Burgos toma las riendas en el conflicto con las clarisas de Belorado
Prohíbe la permanencia en el convento de los falsos obispo y sacerdote que acompañan a las monjas
Burgos
La Santa Sede ha nombrado al arzobispo de Burgos, Mario Iceta, comisario pontificio con plenos poderes para actuar en la comunidad de religiosa de Belorado, Orduña y Derio. La decisión se comunicó ayer a las religiosas del monasterio en un burofax en el que se añadía que ayer finalizó el periodo de abadesa de sor Isabel, ya que se tendrían que haber celebrado unas elecciones que no han tenido lugar. Mientras tanto, la religiosa que abandonó la comunidad por desacuerdo con la deriva que tomaba la comunidad se encuentra integrada en otra comunidad clarisa de Vitoria con la que ya había estado hace unos años.
Pese a tomar las riendas, el arzobispo Iceta ha asegurado que no hay un calendario ni plazos para su encomienda, que comenzará entrevistándose con cada religiosa del monasterio. Si confirman que renuncian a la Iglesia Católica podrían ser excomulgadas sin más procedimiento. "Quiero actuar con delicadeza, sin precipitaciones e intentar que se recupere la normalidad", ha dicho Iceta. Sin embargo, desde que estalló esta situación, el arzobispo no ha conseguido hablar con las religiosas, a las que insiste en calificar de responsables y "muy cuidadosas" con el patrimonio y con las hermanas de mayor edad, a las que siempre han cuidado con esmero.
El arzobispo ha creado un consejo con dos directivas de la federación de clarisas (La presidenta y la secretaria) a la que pertenecen los conventos afectados y dos jurídicos de la Diócesis para actuar en este asunto, aunque también contempla pedir colaboración de un despacho profesional para administrar los monasterios y sus bienes y realizar una auditoría y un inventario. Los religiosas ya no tendrán capacidad de administración. Según ha avanzado hoy se contempla también la posibilidad de contratar despachos profesionales para acciones jurídicas en materia civil, fiscal e incluso penal.
En la comunicación enviada ayer al monasterio de Belorado, que no ha sido respondida de momento, se prohíbe también la permanencia en el lugar de los falsos obispo y sacerdote que acompañan a las monjas desde su ruptura el 13 de mayo. Mientras tanto, continúa el procedimiento para determinar si las religiosas han incurrido en un delito de cisma, penado también con la excomunión.
En el escrito remitido ayer a la clarisas de Belorado también se indica la prohibición expresa del acceso y permanencia en los monasterios y todos sus inmuebles del falso obispo Pablo de Rojas y el falso sacerdote José Ceacero, así como a cualquier persona vinculada a la orden creada por ellos, la Pía Unión de San Pablo Apóstol.
Según el Arzobispado de Burgos, los monasterios, sus propiedades y bienes son "bienes eclesiásticos" y pertenecen a la comunidad como entidad jurídica, no a sus miembros en cuanto personas físicas. Por ello, si se llegara a decretar la supresión de algún monasterio, por no poder cumplir lo establecido en la instrucción sobre vida contemplativa, todos sus bienes quedarían en el ámbito de la Federación de las Hermanas Clarisas de Nuestra Señora de Aranzazu, conforme a sus estatutos.