La Junta de Castilla y León sigue sin encontrar sedes para los centros de crisis para víctimas de violencia sexual

Valladolid

La Consejería de Familia sigue encallada para poder contar con los nueve centros de crisis para atención de víctimas de violencia sexual. Desde que puso en marcha la licitación, hace tres meses, sólo ha conseguido cerrar la compra de dos inmuebles, en León y Valladolid. A principios de junio, tuvo que declarar desierto el procedimiento -y abrir uno nuevo- en Ávila, Soria y Burgos, que tienen abierto el plazo de ofertas hasta el 22 de junio. Y ahora ha vuelto pasar lo mismo con los de Burgos, Salamanca, Segovia y Zamora. Es decir, que de los nueve emplazamientos anunciados en marzo, sólo hay cubiertos dos.

Las dificultades parar cerrar estas adquisiciones pasan por dos claves: una, por el bajo número de ofertas presentadas. Según consta en las resoluciones que recoge este miércoles el Boletín Oficial de Castilla y León, en muchos casos hay sólo una o dos ofertas. Y de ellas, las que se han analizado incumplen algunas de las especificaciones sobre los requisitos mínimos que deben tener los locales. Se trata de cuestiones relacionadas con la superficie, la obligación de que tengan acceso directo desde la vía pública así como otros elementos relacionados con la distribución de los espacios para habilitar despachos, salas de espera y reuniones, almacén o aseos.

También se reclamaba que el estado de los locales fuese casi perfecto, a falta de que se realizaran en ellos algunas "obras menores" de "escasa entidad constructiva" como pintura o colocación de elementos divisores para separar las estancias. Todo esto con superficies que oscilan entre los 200 y los 250 metros cuadrados. El de Valladolid, ya cerrado, se ubica en el Paseo de Isabel La Católica, una de las principales vías de la ciudad, y fue adquirido por un importe total de 360.000 euros.

De esta manera, la Junta de Castilla y León incumple lo anunciado el pasado 19 de abril por la consejera, Isabel Blanco, tras mantener una reunión con la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Entonces, Blanco apuntó que esperaban " que esos centros presenciales 24-7 para atención a mujeres víctimas de agresiones sexuales estén en funcionamiento para el verano". Algo que, a la vista de la tramitación desarrollado, no se va a cumplir.

En ese mismo encuentro la ministra trasladó su preocupación ante el retraso que este asunto viene acumulando. Hay que tener en cuenta que su departamento amplió el plazo inicialmente previsto para que todas las comunidades contaran con este recurso y que se había planteado para 2023. Se permitió extender el proceso hasta finales de 2024. Y es que la iniciativa está financiada con dinero europeo, procedentes de los Fondos Next Generation, que marcan límites temporales para justificar las actuaciones ejecutadas a cargo de estas partidas.

En este sentido apuntó que necesitaban que los nueve centros estén funcionando a 31 de diciembre, "porque están financiados con los fondos Next Generation, y si no se ejecutan en este año, se tienen que devolver, y en ese sentido hay que ser muy exigente" Y añadió que "el compromiso de ella" -en alusión a la consejera-, "al menos verbalmente le tengo".