UGT y CCOO acusan a la CEOE de ser el "animal doméstico de Vox y PP" tras su abstención en el desalojo del Serla

Valladolid

Más de 21 mil trabajadores se quedan sin garantías de poder resolver sus conflictos laborales en el SERLA, el Servicio Regional de Relaciones Laborales. Tras los numerosos impagos producidos por la falta de financiación de la Junta de Castilla y León les fue notificada una orden de desahucio para el 26 de julio. Ayer se reunieron para decidir si trataban de evitar esta situación o procedían con el desalojo para acelerar este proceso y, gracias al voto a favor de la Junta y la abstención de la CEOE, en un plazo de 10 días sus instalaciones en la calle Molinos quedarán vacías.

La Junta se escuda en que les ha ofrecido una alternativa, alojarlos en la Oficina Territorial de Trabajo, pero desde UGT y CCOO denuncian que este desalojo es una forma ilegal de forzarlos a desplazarse a unas instalaciones que no son adecuadas para atender a los 21.000 trabajadores que recurren a este servicio.

CCOO y UGT han asegurado que presentarán una demanda ante los tribunales como consecuencia de la decisión que adoptado la mayoría que representa a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo en el patronato de la Fundación Serla para desalojar la sede de este organismo en la calle Los Molinos de Valladolid, mientras que el representante de UGT, Raúl Santa Eufemia, ha advertido a la CEOE de que con su abstención en la votación "ha dado la llave al conflicto" y los culpa de ser el "animal doméstico de Vox y PP.

El acuerdo, supone, a juicio del representante de CCOO, un "fraude de ley", pues entiende que una decisión de "cambiar de sede social" de manera voluntaria, como la que interpreta que se adoptó este lunes en el Patronato del Serla, debe aprobarse por unanimidad de acuerdo con la Ley de Fundaciones.

Por ello, Fraile ha recalcado que "lógicamente" los sindicatos pondrán la situación "en manos" de los servicios jurídicos y "acabará en los tribunales", de modo que se sumará a las cuatro demandas judiciales que ya se han interpuesto por parte de las organizaciones sindicales al respecto de la gestión de la Consejería de Industria con el Serla. Eso sí, posteriormente los representantes sindicales han explicado que la mencionada ley se va a modificar "con efecto automático" para eliminar la necesidad de adoptar determinados acuerdos por unanimidad, algo que estiman que entrará en vigor "a mediados de enero".

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Sin embargo, Fernando Fraile ha defendido que ese cambio no debería afectar al Serla, pues entienden que es "la única fundación tripartita" que existe en Castilla y León, al tiempo que ha recordado que el organismo se creó "por Ley" como resultado del acuerdo para la solución de conflictos laborales de manera autónoma. Por su parte, Raúl Santa Eufemia ha reprochado que ante el próximo cambio de esas condiciones para toma de acuerdos interpreta que los representantes de la CEOE de Castilla y León decidieron abstenerse ayer en la votación sobre la sede del Serla, algo que ha criticado fuertemente.

Ello se debe, ha explicado, a que "a partir de hoy" cuando se produzca un conflicto laboral éste, en lugar de resolverse en el Serla, se abordará en los "centros de trabajo" y "el 100 por ciento de los delegados saben que los conflictos se van a resolver en las empresas y nos vamos a encargar nosotros".

"Los centros de trabajo se han vuelto a convertir en un nicho de conflictividad", ha enfatizado Santa Eufemia, que ha advertido de que "al cien por cien" el conflicto "está servido" porque interpreta que "ya no hay mediación legal".

Traslado a otra sede

Los representantes sindicales han incidido en que estarían de acuerdo en que el Serla salga de la sede de la calle Los Molinos si lo hace a unas dependencias adecuadas, como recuerdan que se comenzó a estudiar "hace cinco años", cuando se creó un grupo de trabajo para analizar posibles ubicaciones con alguna clase de alquiler más reducido o incluso gratuito.

Por ello, consideran que la decisión que se debería haber votado ayer es pagar el alquiler pendiente, o acceder a algún tipo de negociación para evitar el desahucio, que de seguir adelante ese proceso se habría fijado para el 26 de septiembre. Y en ese periodo de tiempo poder llegar a un acuerdo sobre otra ubicación.

Pero como lamenta Santa Eufemia, la sede de la calle Santuario "no es idónea", pues además de su capacidad plantea dudas al respecto de los horarios ya que recuerda que en ocasiones se han cerrado acuerdos de madrugada, como los de conflictos laborales en Auvasa o la deslocalización de Lauki.

También considera "falso" que se vayan a ahorrar 110.000 euros como consecuencia del traslado, pues para empezar el representante de UGT cree que será necesario poner guardias de seguridad en la entrada, que si son dos supondría un coste de 60.000 euros.