El TSJ obliga a indemnizar a un policía de Valladolid que utilizaba ropa de paisano en su trabajo
Para JUPOL esta sentencia judicial demuestra la "dejadez" de la Dirección General de la policía "en relación a los derechos reconocidos para sus agentes"
Sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en Burgos / Radio Castilla
Valladolid
El sindicato Jupol, a través de sus servicios jurídicos, ha logrado en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se dicte por primera vez una sentencia en la que se reconoce el derecho de un agente de la Policía Nacional de Valladolid a percibir la indemnización por vestuario, desde hace cuatro años hasta la actualidad, y mientras siga prestando sus servicios habituales con ropa de paisano.
"Una indemnización por la que la sala del TSJ CyL ha determinado que se le deberá abonar la misma cantidad que perciben los agentes que desempeñan sus labores en los servicios de protección dinámica de personalidades, fijado a día de hoy en 148,64 euros al año, más los intereses legales correspondientes. Del mismo modo, desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se han impuesto las costas procesales a la Administración", explica el sindicato a través de un comunicado.
Recibe la newsletter diaria de Radio Valladolid
Toda la información de necesitas para empezar el día
Para JUPOL esta sentencia judicial demuestra la "dejadez" de la Dirección General de la policía "en relación a los derechos reconocidos para sus agentes", la cual viene haciendo "oídos sordos de manera reiterada a las reclamaciones de los agentes y es la justicia la que tiene que obligar a la Administración a cumplir con sus obligaciones".
"Una situación que supone una merma en las condiciones sociolaborales de los agentes y un cargo económico para la Administración que tiene que asumir las indemnizaciones con intereses y con las costas judiciales pertinentes", añade la información.
Por último, para JUPOL resulta "curioso" que en todos los procedimientos de este tipo que se han ganado, "14 hasta ahora en toda España", la abogacía del Estado se está "allanando" en un intento de evitar la condena a costas a la Administración. "Aun así, la Dirección General de la Policía, mantiene su postura de negarse a responder a las reclamaciones de los agentes, obligando a los agentes a acudir a la vía judicial, contratando un abogado y procurador y, por lo tanto, perdiendo este dinero al que tienen derecho, tal y como está reconociendo la justicia", concluye.
