Desencuentro entre el Consejo de Cuentas y la Diputación de Ávila

Ávila

Tensión entre el Consejo de Cuentas de Castilla y León y la Diputación Provincial de Ávila tras la publicación de un informe por parte del organismo autonómico de control interno sobre el funcionamiento de la institución provincial. En este informe se critica el sistema utilizado para gestionar los planes de cooperación con los municipios para la realización de obras y la prestación de servicios de competencia municipal.

Desde el Consejo se recomienda la mejora de la regulación de esos planes, mientras que desde la Diputación se les contesta que "no se puede pretender conocerlas ni recomendar nada mirando los datos desde un despacho"

INFORME DEL CONSEJO

En el resumen del informe remitido a los medios de comunicación, este órgano aconseja a la Diputación la mejora de la regulación del plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, y de otros planes o instrumentos específicos de asistencia y cooperación para la realización de inversiones, actividades y servicios municipales.

En este sentido, recomienda que en dicha regulación se incluyan "las adecuadas medidas de planificación estratégica al objeto de conocer, por ejemplo, los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su demarcación territorial", algo ya previsto en la normativa aplicable.

Se trata de una de las cinco recomendaciones -cuatro a la Diputación y una a la Junta de Castilla y León- recogidas en el informe que analiza el nivel de prestación y asistencia de la institución provincial a los pequeños municipios entre los ejercicios 2019-2022.

Sobre la coordinación de servicios municipales obligatorios, el trabajo señala que la Diputación de Ávila "no ha realizado el análisis de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios en la forma y con el alcance previstos en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local" y "tampoco lleva un control sobre la forma de prestación y coste efectivo de los servicios municipales", añade al respecto.

En este contexto, describe que la institución provincial concedió entre 2019 y 2022 un total de 23,6 millones en subvenciones a los municipios, dentro del Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal (POS), con un 82 por ciento de la financiación por parte de la Diputación, mientras que las aportaciones municipales supusieron el 18 por ciento restante.

El Consejo de Cuentas apunta que los ayuntamientos más pequeños recibieron mayor ayuda que los más grandes, circunstancia "coherente con la finalidad de los planes provinciales", si bien precisa que "los objetivos y los criterios de distribución deberían acreditarse en una memoria justificativa".

Durante la etapa analizada, el Consejo de Cuentas afirma que "no consta la aprobación de un plan estratégico de subvenciones" y tampoco una normativa específica reguladora para el Plan de Obras y Servicios, concretándose dicha regulación en la Ordenanza General de Subvenciones aprobada en 2016.

En cuanto a la prestación de servicios en los municipios, el órgano de control dice que la Diputación abulense "no ejerce las competencias de asistencia en los planes económico-financieros de las entidades locales, ni las de contratación centralizada en los municipios menores de 20.000 habitantes", y que tampoco desarrolla funciones respecto a la gestión informatizada de los padrones de habitantes de los municipios.

Por otra parte, en el informe se señala que algunos contratos formalizados por la institución provincial "no fueron comunicados al Consejo de Cuentas, a través de la relación anual de contratos de la Plataforma de Rendición de Cuentas", lo que afecta a contrataciones por importe conjunto de 20,2 millones.

Asimismo, señala que otros dos contratos "con importes significativos" adjudicados en 2021 por los dos consorcios adscritos, tampoco fueron incluidos. En esta línea, el Consejo de Cuentas solicitó una relación de los convenios suscritos con las entidades locales, remitiendo la diputación un listado con 745 convenios en los ejercicios 2020 a 2022, pero sin información sobre el importe económico de los compromisos asumidos.

Sobre la relación de puestos de trabajo (RPT) de 2020, aprobada por la institución, incluye 576 puestos distribuidos en tres centros directivos -Diputación, Fundación Cultural Santa Teresa y Organismo Autónomo de Recaudación (OAR)-, estando "el 67 por ciento de los puestos de trabajo vacantes". Además, el informe señala que el número de plazas de la plantilla orgánica de la Diputación "muestra una evolución descendente" en los ejercicios 2019, 2021 y 2022, pasando de 404 a 364 plazas.

"La comparación de RPT y plantilla manifiesta un déficit estructural del 36,8 por ciento en la disponibilidad de recursos humanos necesarios para la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios", concluye el órgano de control.

"NO SE PUEDE PRETENDER RECOMENDAR NADA DESDE UN DESPACHO"

La contestación de la Diputación Provincial a este informe se ha producido mediante un comunicado con palabras del presidente de la Institución, Carlos García que señalaba textualmente que “las necesidades de los pueblos de Ávila las conoce esta Institución” y que “no se puede pretender conocerlas ni recomendar nada sobre ellas mirando datos en un despacho”.

En ese comunicado García recuerda al Consejo “el esfuerzo económico y de eficacia en la gestión que la Diputación viene haciendo para llegar con sus recursos a todos los municipios de Ávila, especialmente a los de menor tamaño, como la propia nota del Consejo reconoce”, e insta al organismo consultivo a que “nos diga si sabe de algún ayuntamiento con necesidad de algún servicio o la elaboración de alguna ordenanza o proyecto que la Diputación no le haya prestado o esté en disposición de hacerlo”.

En este sentido, subraya que “nuestra estrategia es clara: llegar a todos los pueblos, especialmente a los que más lo necesitan por su escasa capacidad económica, con equidad y sin distinción de zona ni de color político”.

El presidente cita “las inversiones en carreteras, en el Plan Extraordinario, en el abastecimiento y depuración de agua, en servicios sociales -con un 30 % del presupuesto destinado a ellos-, en infraestructuras deportivas, lúdicas y sociales, en cultura y turismo, en la dotación de material de emergencias y otros muchos aspectos en los que la Institución que presido está al pie del cañón todos los días”.