Castilla y León funciona con un Plan de Calidad del Aire" ineficaz" a la espera de que el Supremo se pronuncie

Valladolid

Castilla y León sigue funcionando con un Plan de Calidad del Aire que no funciona. Así lo determinó hace casi un año el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que dio seis meses al gobierno autonómico para elaborar uno nuevo. Pero la Junta recurrió, lo que significa que, hasta que se pronuncie el Supremo, funcionamos con ese plan.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, recalcó hoy durante una visita a Soria que la Junta “respeta y acata” la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra el Plan de mejora de la calidad del aire por ozono troposférico, pero no la comparten. “La sentencia no es firme, está recurrida ante el Tribunal Supremo, por lo tanto, el Plan sigue en vigor y está plenamente vigente”, advirtió además de señalar que no están conformes con “algunas de las consideraciones de la sentencia”.

El consejero explicó que el Ejecutivo que preside Alfonso Fernández Mañueco trabaja en las medidas que prevé ese plan, y destacó que “el problema del ozono no es un problema local, sino supra local”.

“El ozono es un contaminante secundario que se conforma con la conjunción de la radiación solar con otros precursores y a veces donde se produce no es donde se manifiesta. Hay fuentes de ozono que vienen de Portugal, de Madrid, de Extremadura... En consecuencia, el trabajo tiene que ser nacional”, apuntó antes de referirse a la colaboración con el Ejecutivo central en la elaboración de un plan nacional de lucha por controlar la situación del ozono.

Pero a pesar de sus palabras en las que asegura que este plan está "plenamente vigente" continúan con un plan sin medidas concretas, tal y como dijo el tribunal en su día, y de las pocas contempladas, diecisiete, ninguna se han implementado. Esa es la denuncia de Ecologistas en Acción, que cree que es la demostración de que la Junta no quiere afrontar el problema del ozono en la comunidad. Defienden que el presupuesto que se iba a destinar a ellas, 1,5 millones de euros, no se ha invertido, por lo que creen que la única pretensión de la Junta era aparentar ante el Tribunal de Justicia de Castilla y León, aunque realmente no tenían intención de llevarlo a cabo.

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Un ozono que se concentra al sur de a comunidad, donde en verano se registran temperaturas más altas. Pero también hay problemas en las ciudades con más industria. Por eso, la organización pide políticas serias y contundentes para afrontar un problema que provoca la muerte prematura de un millar de personas al año en la comunidad, como reducir en las áreas urbanas el tráfico motorizado, promoviendo el trasporte público y la movilidad peatonal y ciclista. También piden que se controle a las grandes industrias, por ejemplo las automovilísticas, para reducir su impacto.