Enfermería escolar: la gran asignatura pendiente en la educación de Castilla y León

Valladolid

Cada inicio de curso constata de Castilla y León no avanza en uno de los aspectos que concita más acuerdo en la comunidad educativa: la figura del personal de enfermería escolar. La ratio que recomiendan los organismos internacionales es de una enfermera por cada 750 alumnos; en España la media des de 1 por cada 6.685... pero es que en Castilla y León tenemos una ratio de 1 por cada 14.620, según los últimos datos de alumnado ofrecidos esta misma semana por la Consejería de Educación.

Sin embargo, la Junta de Castilla y León insiste en asociar esta figura a un determinado alumno con una necesidad o patología concretas, de forma que en muchas ocasiones, cuando ese alumno abandona el centro, el personal de enfermería -que atendía al resto- desaparece igualmente.

Hay menos de 30 enfermeros o enfermeras escolares en toda la comunidad y generalmente es personal de centros de salud cercanos que acuden cuando se las necesita. Maite Albillo, la presidenta de la Asociación de Enfermería escolar de Castilla y León, reivindica un año más la implantación generalizada de esta figura: "La enfermera de pediatría es la que hace el apoyo a ese centro, pero tiene que salir del centro en caso de una necesidad puntual y si puede desplazarse... y si no, hace el seguimiento de los alumnos con una necesidad específica. Y esto supone aumentar su carga de trabajo que ya tiene en el centro de salud".

Ese enfoque centrado en las necesidades de un aluno en concreto deja de lado, según esta asociación, el papel que podría desempeñar esta figura en la educación: "La educación para la salud desde la base es la prioridad; además, cuanto más pronto se conozca cómo resolver una situación puntual, ya sea leve , crónica, puntual o una enfermedad que comienza, es un ahorro a nivel institucional y educacional".

Margen de mejora

El alumnado con enfermedades o con alguna discapacidad suele tener más fácil el acceso a este recurso pero desde Plena Inclusión reivindican una implantación más general en los centros educativos de Castilla y León.

Vanesa García, gerente de Plena Inclusión, cree que la Consejería de Educación tiene un amplio margen para la mejora y esperan la aplicación de la Ley de Apoyo al Proyecto de Vida: "En la ley se habla de las diferentes etapas vitales de las personas con discapacidad intelectual, desde la atención temprana, cuando son diagnosticadas, hasta el envejecimiento. Y una de las etapas es la educativa y en esta ley se reconoce la necesidad y los ajustes necesarios para estas personas y sus familias, que en muchas ocasiones requieren asesoramiento y apoyo, así como la capacitación del propio profesorado".

Un marco legal adecuada, asegura, pero que ahora hay que desarrollar.

Familias y directores, a favor

Las familias también reivindican su implantación. y no solo en el caso de que un alumno tengo una necesidad específica, tal y como explica Soledad Alegre, de Confapacal (Confederación de Federaciones de Asociaciones de padres y madres de centros públicos Castilla y León): "No solo es una figura para atender necesidades sino también para prevenir, formar al profesorado, a los alumnos y a las familias".

Y en el otro lado, los directores de instituto, a menudo intermediarios entre la administración y las familias que piden ese personal de enfermería. El presidente de la Asociación de Directores de Instituto de Castilla y León advierte de que hay situaciones en las que los propios profesores deben atender situaciones para las que no están formados.

También entienden que supondría un esfuerzo económico para la administración, pero señalan las importantes ventajas que tendría para el alumnado: "En primer lugar, la atención inmediata y la prevención mediante chequeos regulares de problemas de audición o nutrición; también la gestión de las enfermedades crónicas, porque a veces hay que administrar medicación a los alumnos y los profesores no están preparados. Y también podrían dar apoyo en salud mental".