El riesgo de pobreza severa infantil aumenta 3,5 puntos en la comunidad

Valladolid

El 14,1 % de la infancia menor de 18 años en Castilla y León vive en riesgo de pobreza severa. Este dato se ha incrementado 3,5 puntos durante el 2023, esto supone 47.000 niñas, niños y adolescentes en Castilla y León, 10.000 más que en el 2022.

Estos datos se desprenden del ‘Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida con enfoque de infancia en Castilla y León’, elaborado por la Plataforma de Infancia, en colaboración con la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla y León. Es la segunda comunidad autónoma en la que más ha crecido la pobreza severa infantil, y el porcentaje supera la media nacional, actualmente en 13,7 %.

Pero no necesitamos irnos a niveles severos para encontrar cifras que impactan. Según este estudio, el 25,5 % de la infancia en Castilla y León vive en riesgo de pobreza y/o exclusión social, lo que supone que 85.000 niños, niñas y adolescentes en esta situación.

Los datos "positivos" también preocupan

Castilla y León es la cuarta comunidad con menor tasa de AROPE entre la infancia, que se ha reducido en 2023 en 1,3 puntos porcentuales, frente al incremento de 1,7 puntos a nivel nacional. La tasa de pobreza infantil en Castilla y León es del 22,6 %, lo que no supone una variación destacable respecto a la del año anterior (23,3 %). Sin embargo, esto se traduce en que hay más de 74.000 niños y niñas que viven en pobreza monetaria.

Además, la carencia material severa en este grupo de población ha pasado del 6,1 % de 2022 al 7,9 % en 2023, siendo el segundo dato más alto de carencia material severa desde que se hace registro. Castilla y León cuenta con una renta media por unidad de consumo de 20.109€, muy similar a la media nacional (20.676€).

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Sin embargo, mientras que la renta nacional se ha incrementado en el último año en 1.516€, la de la comunidad autónoma lo ha hecho solo en 992€.

Soluciones

Desde la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla y León aseguran que para tratar de paliar esta situación es fundamental la coordinación entre las Administraciones públicas para vincular el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a la lucha contra el absentismo y el abandono escolar, así como implementar mejoras en la Renta Garantizada de Ciudadanía para que alcance a un mayor número de familias vulnerables.

Asimismo, propone desarrollar protocolos transversales, que impliquen a los Servicios Sociales, al entorno educativo, sanitario, etc., que contribuyan a identificar a los niños y niñas en situación de pobreza y/o exclusión social, además de crear políticas específicas que impidan el aumento de las carencias materiales severas, como mejorar las ayudas de emergencia para las familias con hijos e hijas a su cargo.