Suspendido el juicio contra el alcalde de Barjas tras alegar que padece alzheimer
El edil será ahora revisado por un médico forense
El alcalde de Barjas antes de suspenderse el juicio contra él por prevaricación
León
Suspendido el juicio que tenía previsto celebrarse este lunes en la Audiencia Provincial de León contra el alcalde del Ayuntamiento de Barjas y su secretaria municipal que se sentaban en el banquillo acusados de prevaricación administrativa. La defensa del regidor Alfredo de Arriba ha presentado un informe en el que afirman que el alcalde de Barjas sufre una enfermedad neurodegenerativa, que podría invalidarle para prestar declaración. Tanto la Fiscalía como la acusación particular no han planteado objeciones a que el acusado sea revisado por un médico forense que determine cuál es el avance de la enfermedad y si Alfredo de Arriba está capacitado o no para afrontar el juicio. Una vez que la sala tenga conocimiento de ese informe, se procederá a un nuevo señalamiento para proceder a juzgar esta causa.
Tanto el alcalde como la secretaria municipal se sientan en el banquillo acusados de haber promovido la investigación de la titularidad de la propiedad de 20 inmuebles del municipio para declarar su uso por el Ayuntamiento sin oír las alegaciones presentadas por los dueños.
Todo ocurrió en julio de 2020 cuando el alcalde llevó a pleno la investigación de la propiedad de estos 20 inmuebles, una propuesta que fue aprobada y publicada y que provocó la presentación de alegaciones por parte de nueve propietarios. Lejos de escucharlas, el alcalde y la secretaria desestimaron las alegaciones en base a un informe de un arquitecto técnico que reconocía que con la documentación recibida no podía acreditar que los bienes estuvieran inscritos en el Registro de la Propiedad de esas persona. Esa propuesta se llevó a pleno extraordinario en el que, según relata la Fiscalía, el alcalde 'consiguió manipular la voluntad del pleno' para acordar que se inscribiesen en el Libro Inventario de Bienes de la Corporación los 20 inmuebles de los que, según consta en la documentación, 'viene haciendo uso pacíficamente' el Ayuntamiento.
La Fiscalía pide para él 12 años de inhabilitación para ejercer un cargo público.
