UGT pide la dimisión del subdelegado del Gobierno por vulnerar el derecho fundamental de reunión

Pallencia

Los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO ponen en la picota al subdelegado del Gobierno en Palencia, Ángel Miguel, tras la sentencia avanzada por esta emisora en la que se determina que la administración del Estado en Palencia vulneró el derecho fundamental de reunión al no autorizar dos concentraciones convocadas por los sindicatos UGT y CCOO durante las pasadas fiestas de San Antolín de la capital palentina, Era una movilización que se enmarcaba en la huelga de los trabajadores del Centro de Tratamiento de Residuos.

El sindicato más contundente ha sido UGT. Su secretario provincial ha pedido la dimisión del subdelegado por una sentencia en la que se revoca la decisión de la subdelegación "por ser nula de derecho al vulnerar el derecho fundamental de reunión" e impone a la administración las costas. El ugetista Gorka López ha dicho que "en base a la sentencia, hemos visto que quien tiene que garantizar el derecho a reunión no lo ha hecho en base a una resolución absolutamente arbitraria".

Lo que ha pedido esta mañana el máximo responsable de la UGT en Palencia es que "se depuren responsabilidades. Alguien que tiene que garantizar estos derechos fundamentales no puede continuar ni un día más en el cargo. Por lo tanto, lo que pedimos es la dimisión del subdelegado del Gobierno", ha concluido Gorka López.

CCOO no ha pedido la dimisión, pero su secretaria provincial, Elena Villamediana, sí que ha dicho que "la decisión de la subdelegación es de una extrema gravedad". Incide en que "como refleja la sentencia, se ha vulnerado un derecho fundamental como es el de reunión, que es uno de los derechos más básicos de cualquier sistema democrático". A esta afirmación ha añadido que "nadie recuerda algo similar ocurrido en Palencia. Es de una extrema gravedad y podía haber sentado un preferente preocupante". Elena Villamediana se preguntaba "qué hubiera pasado si no nos dan la razón". Llega a la conclusión de que se podrían rechazar las convocatorias de manifestaciones o concentraciones lo que conllevaría que "los principios democráticos comenzarían a tambalearse.