El Ayuntamiento de Burgos pierde 855.000 euros tras la quiebra de la empresa que gestiona las tarjetas del autobús urbano
El consistorio procederá judicialmente contra PREPAY, que ha entrado en concurso de acreedores
El número de viajeros en los autobuses urbanos ha aumentado desde agosto con la reducción del bono a la mitad de precio / Radio Castilla
Burgos
El Ayuntamiento de Burgos procederá judicialmente contra la empresa que gestiona las tarjetas del autobús urbano, PREPAY, ante los impagos reiterados obtenidos por la recaudación, que se elevan a 855.000 euros, que la ciudad no recuperará al estar la adjudicataria en concurso de acreedores.
Así lo ha anunciado el concejal de Movilidad, José Antonio López, ante lo que considera hechos delictivos, que pueden concretarse en malversación de fondos públicos, apropiación indebida y delito contra la hacienda pública. Hechos que han causado un daño grave para las arcas municipales.
Para minimizar los efectos negativos en el servicio de transporte público y el usuario no resulte perjudicado, el área de Movilidad y Transportes, ha decidido tramitar con carácter de urgencia un contrato provisional hasta que pueda licitarse un nuevo concurso, aunque PREPAY tiene obligación de seguir prestando sus funciones hasta que la empresa transitoria, que pudiera ser LOGISTA, se haga cargo.
El contrato de emergencia costará 114.000 euros. Se preservará el saldo de las tarjetas y los puntos de recarga seguirán operativos. Además, se incautarán de los ingresos de PREPAY, a partir de ahora, con el consentimiento del administrador concursal.
José Antonio López justifica que se renovara en 2023 el contrato a PREPAY, que lo gestionaba desde 2013, porque ''nada hacía pensar'' en una quiebra y realizaba pagos parciales, a pesar de que se sabía de problemas en otras ciudades con esta empresa.
A la pregunta de la razón de que el Ayuntamiento de Burgos no actuara antes, el concejal confirma que desde el mes de abril de este año se empezó a investigar a PREPAY, mediante un procedimiento de penalidad, pero hasta julio no se conoció que había solicitado concurso de acreedores y no fue hasta finales de setiembre cuando se tuvo certeza oficial.
Los responsables municipales entendieron que la empresa tenía voluntad de pagar, pero ahora el concejal habla de ''mala fe'' al no haber comunicado su situación de insolvencia económica con antelación.
José Antonio López sentencia que 'este equipo de gobierno actúa con transparencia, afronta los problemas y busca soluciones a lo ocurrido con PREPAY. Es un hecho grave del que hemos tenido conocimiento, se ha trabajado para resolverlo y minimizar los daños y en defensa de los intereses públicos, llegaremos hasta las últimas consecuencias a través de los tribunales'.
