El concejal de Movilidad de Burgos rechaza dimitir y reparte la responsabilidad de la deuda de las tarjetas de bus

Burgos

El responsable político del área de Movilidad en el Ayuntamiento de Burgos, José Antonio López (PP) asegura que el equipo de Gobierno no conoció hasta abril de este año la deuda acumulada por la empresa adjudicataria de las tarjetas de autobús urbano, que ya era de 540.000 euros a 31 de diciembre de 2023. López rechazó ayer en rueda de prensa que vaya a dimitir, como le ha exigido el grupo municipal del Partido Socialista.

Este lunes se ha abierto una investigación interna para determinar qué ocurrió para que la empresa siguiera acumulando deuda hasta llegar en este momento a 885.000 euros, aunque la adjudicataria de los puntos de recarga de tarjetas ha ido realizado algunos pagos parciales. El concejal del Partido Popular culpa al anterior Gobierno municipal, compuesto por PSOE y Ciudadanos, de no haber informado de la situación cuando se realizó el relevo, a finales de junio de 2023, aunque reconoce que no tiene la certeza de que superan que en aquel momento la deuda ya ascendía a 300.000 euros. "Ni los técnicos nos advirtieron entonces de ese agujero económico ni lo había hecho el Partido Socialista en junio de 2023", asegura López, que se pregunta "qué pretendía Daniel de la Rosa ocultando esa información".

José Antonio López admite que tuvo una primera información de un impago de la empresa en febrero de este año, cuando le informaron de que no había pagado la segunda quincena de enero, una deuda que se elevaba a 85.000 euros. Sin embargo, apunta que no se le informó entonces de que la deuda acumulada era mucho mayor y apenas un mes antes, en enero de 2024, se había renovado el contrato con la empresa con todos los informes técnicos favorables. En aquella reunión estuvo presente el concejal de Movilidad, que en principio negó haber formado parte de aquella mesa de contratación y que ahora reconoce, tras "revisar" sus notas, que él mismo participó vía telemática.

El pasado mes de abril, el equipo de Gobierno abrió un procedimiento de penalidades para sancionar a la empresa, adjudicataria de este servicio desde 2013, que actualmente se encuentra en concurso de acreedores, por los retrasos en los pagos. Ahora se ha comprobado, según el relato del concejal, que los problemas y retrasos eran muy anteriores. A 31 de diciembre de 2017 la deuda era de 169.000 euros, un año más tarde se redujo a 2.000 euros. En 2021 consiguió ponerse al corriente, pero en 2022 volvió a acumular impagos por 181.000 euros y en diciembre de 2023 debía ya al Ayuntamiento de Burgos 300.00 euros.

El edil de Movilidad asegura que en todo este asunto han seguido el procedimiento establecido y la empresa ha seguido haciendo pagos parciales, incluso estando en la situación de concurso de acreedores, un proceso del que no informó al Ayuntamiento de Burgos. López apunta que a partir de ahora, cuando se ha iniciado un proceso interno de investigación, esperarán a volver a comparecer sobre este asunto a tener toda la información completa sobre los impagos de la empresa adjudicataria de la recarga de las tarjetas de autobús urbano.