Hipocresía sin fin
Juan Miguel Alonso
León
Un año más , la Yunta obliga a las mujeres leonesas que abortan a hacerlo fuera de la provincia, bien en Valladolid, bien Madrid.
Son más de medio millar, que se ven forzadas a pasar el crudo trance de una interrupción voluntaria de su embarazo en clínicas privadas concertadas de Pucela o de la capital del reino a centenares de kilómetros de su casa, Y los son pasándose por el forro lo que dice e la ley: las intervenciones se lleven a cabo “en un centro sanitario público” y solo “excepcionalmente” en uno privado. Justo al revés de lo que ocurre en el ultraliberal reino mañuequil.
También dice la ley que las Autonomías tienen que crear un registro de profesionales objetores por razones morales. Pero ni está ni se le espera al citado. Total solo hace 2 años de la entrada en vigor de la norma. Prisas las justas.
Pero igual no quiere peguntar no le vaya a suceder lo mismo que en el año 2010, cuando los 437 médicos del Sacyl reclamados proclamaron una objeción de conciencia tan unánime que podría hablarse de una medicina a la búlgara.
Qué extraño prodigio la comunión de estos galenos cuya ética les impide realizar un acto médico legal, tasado, con una casuística diversa, y que está entre los derechos de las mujeres a una mejor salud sexual y reproductiva, pero les permite transigir silenciosamente con los recortes en medios y personal que cuestan vidas cada día.
