El Ayuntamiento de Aranda explica el motivo por el que la Arandina no ha cobrado aún el contrato de patrocinio de la Copa del Rey
El proceso ha quedado paralizado en el área de Intervención dado que hay documentación presentada que no concuerda con la solicitada al Registro de Entidades Deportivas
Puente y Ayuntamiento de Aranda, iluminados con los colores de la Arandina / cadena ser
Aranda de Duero
Hace unos días, la presidenta de la Arandina, Virginia Martínez, emitió un comunicado a los medios acusando a Sentir Aranda de politizar la situación en torno al club y pedía explicaciones alrededor de los 190.000 € del contrato de patrocinio que suscribieron consistorio y club para organizar el partido de Copa del Rey del pasado 6 de enero.
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Después de recibir la contestación política pertinente por parte de Sentir Aranda, en las últimas horas también se ha pronunciado el propio Ayuntamiento, explicando el motivo por el que el pago de dicha cantidad no se ha efectuado. Según indica el consistorio en una nota informativa, la tramitación del expediente se ha suspendido tras decretar "posibles irregularidades".
En esta información se explica que la Arandina el 30 de mayo de 2023 acordó en Junta Directiva la dimisión de Virginia Martínez y de Francisco Galán como presidenta y secretario de la entidad, y su sustitución por otras dos personas, comunicado el 5 de enero al Ayuntamiento esta cuestión que aseguraban se había presentado al Registro Público de Entidades Deportivas de la Junta de Castilla y León.
A fecha 18 de octubre, hace apenas 10 días, este ente a petición del consistorio respondía al mismo aseverando que desde el 10 de agosto de 2021 "la única junta directiva inscrita y reconocida en la Arandina es en la que Virginia Martínez ocupa cargo como presidenta y Francisco Galán como secretario. Así, se suspende la tramitación del expediente "por no quedar acreditada la legitimación para actuar en representación del club de la firmante del contrato, Patricia del Cura", recordando que además Martínez ocupa cargo como concejal en el propio Ayuntamiento, por lo que "podría incurrir en un caso de incompatibilidad".
Ante esta situación, y hasta que los servicios municipales puedan realizar las comprobaciones necesarias, se suspende el pago de los 190.000 euros.
