Sociedad

La Fiscalía pide cuatro años para el jefe de Inspección Tributaria de la Junta en Ávila por cohecho

Un ciudadano denunció que este funcionario le pidió una 'mordida' de 50.000 euros cuando tramitaba una herencia millonaria

Solicitan 4 de años de cárcel para un funcionario de la Junta en Ávila / Cadena SER

Ávila

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila ha emitido un auto para la apertura de juicio oral contra P.S.G., jefe del Servicio de Inspección Tributaria de la Junta de Castilla y León por un presunto delito de cohecho. El auto no es firme porque ha sido recurrido por la Junta de Castilla y León y por la acusación particular.

En el mismo se informa de que el fiscal solicita cuatro años y medio de presión para este funcionario al que el juzgado ha exigido una fianza de 10.000 euros para hacer frente a las posibles responsabilidades que se determinen en el juicio. P.S.G ya ha depositado el dinero.

El que fuera jefe de la Inspección Tributaria sigue trabajando en la Junta de Castilla y Léon aunque no en las mismas funciones, según ha señalado este lunes a los periodistas el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández.

Además de cuatro años de cárcel, desde la Fiscalía se piden también 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y una multa de 9.000 euros.

Por su parte, la acusación particular solicita cuatro años de prisión y 12 de inhabilitación especial para empleo o cargo público, además de 50.000 euros en concepto de responsabilidad civil por "los perjuicios causados" a su defendido.

La Junta de Castilla y León pide seis años de cárcel para P.S.G. y una multa de 18.250 euros, además de doce años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y ejercicio de sufragio pasivo.

Aunque las partes apreciaban la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y contra la Administración de justicia, el Juzgado de Instrucción número dos ha sobreseído estas acusaciones, de ahí los recursos de la Administración autonómica y de la acusación particular.

La Junta de Castilla y León se ha personado como acusación particular en este procedimiento penal que se inició en diciembre de 2022, tras la denuncia presentada un mes antes por un particular en el Juzgado de guardia. El denunciante trataba de realizar los trámites de una herencia millonaria en nombre de su madre cuando, según su versión, este funcionario le habría ofrecido bajar las valoraciones de los bienes para que pagaran menos impuestos, a cambio de lo cual pedía una 'mordida' de 50.000 euros.

El denunciante habría aportado como pruebas al procedimiento abierto por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila diversas grabaciones en vídeo y correos electrónicos.