Aplazan la declaración del Letrado Mayor de las Cortes, investigado por acoso laboral
Se celebrará el próximo 16 de diciembre
El secretario general y letrado mayor de las Cortes de Castilla y León, Marcos Herrero Martínez-Tutor, a su salida de los juzgados de Valladolid tras ser aplazado el juicio por presunto acoso laboral / Rubén Cacho ICAL
Valladolid
El Juzgado de instrucción Número 4 de Valladolid ha aplazado hasta el 16 de diciembre la declaración del Letrado Mayor del Parlamento autonómico, Marcos Herrero, investigado como supuesto autor de un delito de acoso laboral contra una funcionaria, actualmente de baja.
La declaración del investigado estaba prevista para este jueves, aunque un problema de retraso de un tren ha impedido que el juez acudiera a la sede de los Juzgados de Valladolid, han informado a EFE fuentes del caso.
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El procedimiento penal se abrió en el Juzgado de Instrucción Numero 4 de Valladolid, a raíz de una denuncia planteada por la Fiscalía, ante la que la funcionaria denunciante presentó un escrito en el que exponía una serie de hechos que el Ministerio público ha considerado indicios suficientes de un posible acoso laboral.
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Denunciado por una funcionaria
La denuncia de los hechos ante la Fiscalía de Valladolid fue interpuesta por la funcionaria, estando ya de baja laboral psicológica como consecuencia de estos supuestos hechos, y la misma ha llevado a su máxima responsable, Soledad Martín Nájera, a ponerlos en manos de un juzgado de instrucción para que incoe las correspondientes diligencias por si fueran constitutivos de un delito de acoso laboral en el ámbito funcionarial, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Una vez efectuado el reparto oportuno, las diligencias han recaído en el Juzgado de Instrucción número 4, que, entre otras medidas, ha acordado ya la declaración del denunciado, en calidad de investigado, este mismo jueves, 14 de noviembre.
La denunciante accedió al puesto de jefa del Servicio de Gestión Administrativa de las Cortes a partir del nombramiento efectuado el 21 de mayo de 2018 por la Secretaría General del Parlamento autonómico, por la fórmula de adscripción provisional, y desde entonces había venido desempeñando funciones propias del cargo hasta mayo de 2022 en materia de contratación, personal y formación en dicha institución.
Fue a partir de finales del mes de mayo de ese año, al poco de que el nuevo secretario general tomase posesión de su cargo, cuando se revocó la adscripción provisional de la funcionaria como jefa del Servicio de Gestión Administrativa en una decisión que le fue comunicada por el ahora investigado vía telefónica y cuando ella se encontraba de vacaciones, momento a partir del cual, según recoge la denuncia, fue privada de todos los permisos informáticos, aplicaciones, accesos a unidades de red y certificados de firma electrónica, de forma que no pudo siquiera recibir la resolución de cese, de fecha 26 de mayo de 2022, que se le mandó por correo electrónico.
Es desde entonces cuando, como así sostiene la denunciante, todas las acciones adoptadas por el investigado no han tenido otra finalidad que humillarla, aislarla laboral y sociolaboralmente, a la vez que perjudicarla en su carrera profesional, realizando además actuaciones encaminadas a que el único puesto de trabajo que pueda obtener en las Cortes de Castilla y León carezca de funciones, se encuentre al margen de las tareas de administración y económicas y tenga un nivel y un salario inferior al que le corresponde y al del resto de sus compañeros del mismo cuerpo.
Por todos los medios, siempre según la denuncia, se trata de impedir que la funcionaria pueda acceder a puestos relacionados con la gestión administrativa, la contratación pública y también a la nueva Escala Económico Financiera, para lo que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y se crean convocatorias que por sus requisitos impiden la participación de la denunciante, actos que considera una auténtica represalia.
La situación denunciada se habría producido presuntamente en un marco facilitado por el hecho de que las Cortes de Castilla y León carecen de protocolo alguno frente al acoso laboral, Inspección de Trabajo, representación sindical o cualquier otro órgano interno con funciones similares ante el que poder denunciar de forma interna los hechos narrados, ni tampoco se ha realizado actuación alguna para el establecimiento de los mecanismos obligatorios, según la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones.
