Niño acusa a Ecologistas en Acción de mentir sobre la nueva incineradora de residuos de Burgos
El concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, desmiente que provoque “un notable incremento del riesgo de tumores''
Burgos
La concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos desmiente que el futuro centro de tratamiento de residuos de Cortes vaya a ser más contaminante y nocivo para la salud, como ha denunciado Ecologistas en Acción.
Las recientes alegaciones del grupo ecologista señalan que las incineradoras de residuos domésticos provocan “un notable incremento del riesgo de tumores en la pleura y la vesícula (hombres) y en el estómago (mujeres)”.
Añaden que la incineradora es innecesaria y la normativa de residuos prioriza la reutilización y reciclado de los residuos sobre su incineración. Recuerdan que el Ecoparque de Burgos cuenta con sendas plantas de compostaje y de biogás para fermentar los restos de comida o biorresiduos, obteniendo abono y energía.
El edil Carlos Niño considera una temeridad comparar la incineradora que se instalará con otras más antiguas que producen emisiones perjudiciales y asegura que el proyecto contempla una tecnología nueva que minimiza tanto los olores como los gases contaminantes.
Se ha mostrado molesto con las acusaciones y se ha reunido con vecinos de los barrios colindantes, que han mostrado su inquietud sobre los efectos futuros de la planta, y a los que ha explicado los beneficios del nuevo proyecto.
Carlos Niño asegura que Ecologistas en Acción no presentó alegaciones cuando el proyecto, con su descripción ambiental, se sometió a información pública en 2023 en el Boletín Oficial de Castilla y León.
El concejal de Medio Ambiente subraya que solo se incinerarán residuos orgánicos, previo proceso de separación, y recuerda que, desde 2027, solo se admitirán los desechos, la materia orgánica de la fracción resto, del contenedor marrón, no así del gris.
Lo que no tiene duda es de que el actual CTR de tratamiento de basuras de Cortes está obsoleto y precisa una actualización que cumplirá con la legislación en materia de residuos.
El proyecto se está ultimando y será la sociedad de Medio Ambiente de Castilla y León, SOMACYL, la encargada de financiar los 25 millones que costará, a devolver en 15 años, que se irán hasta los 50 millones con los costes de personal y gestión.