Vox facilita que se tramite la ley de Publicidad Institucional de Podemos, a la que solo se opuso el PP

Valladolid

El pleno de las Cortes de Castilla y León dio hoy luz verde a que se tramite la proposición de ley presentada por el Grupo Mixto (Podemos) para modificar la ley de Publicidad Institucional, después de que Vox se haya abstenido y el PP se haya quedado solo en el “no”.

La iniciativa plantea que se prohíba la contratación de cualquier tipo de campaña de publicidad o comunicación institucional con medios de comunicación social que hayan sido condenados en sentencia firme de forma reiterada a rectificar informaciones inexactas, por vulnerar el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de las personas o por delitos de odio.

Durante el debate de toma en consideración de la norma por el pleno, que recibió 36 votos a favor (PSOE, UPL-Soria Ya y Podemos), 31 noes (PP) y 13 abstenciones (Vox), todos los grupos de la oposición cuestionaron el reparto de la publicidad institucional por parte de la Junta, mientras que el PP defendió su “limpieza” y la “imparcialidad” de los medios y de los periodistas.

En la presentación de la iniciativa, Pablo Fernández afirmó que demanda algo tan razonable, sensato y de sentido común que la Junta no pueda dar dinero público a medios que hayan sido condenados por informaciones inexactas o discursos de odio. “Nadie en las Cortes podría negarse a dar dinero a quien difunde bulos, delitos de odio y no respeta los derechos de las personas”, argumentó.

Fernández pidió abordar de forma urgente el debate de la publicidad institucional y calificó de “lacra” que se utilice por la Junta para “comprar a medios de comunicación”, lo que ligó a que el PP lleve más de 37 años al frente de Castilla y León. “Sí la ciudadanía solo lee noticias favorables para el PP, se acabarán inclinando”, anotó.

A ello unió que se financie con dinero público, a través de contratos menores, a “pseudomedios de comunicación” que no tienen edición en Castilla y León y difunden “bulos, mentiras y falsedades a la ciudadanía”, lo que deploró, calificó de “basura” y de “atentar contra la democracia”. En este sentido, se dirigió expresamente a Vox, cuando García-Gallardo manifestó que iban a valorar esta propuesta y que tenían todas las vías abiertas, para que permitan que está iniciativa pase el primer filtro, se tramite y se pueda mejorar con enmiendas.

Precisamente, el portavoz de Vox, Juan García-Gallardo, argumentó que no comparte el texto de Podemos pero precisó que facilitan su tramitación para que se abra un debate ante lo que sí están de acuerdo, como “el abuso de la publicidad institucional de PP en Castilla y León y de PSOE en España”.

“Sí quieren montar un periódico digital o una televisión, pues lo monten ustedes, con su dinero, no con el dinero de los contribuyentes”, espetó García-Gallardo, que abogó por tramitar la norma como “una necesidad perentoria” de los ciudadanos de saber que los medios que difunden noticias es “fruto de la convicción y no por consignas de las sedes” de ambos partidos.

García-Gallardo afirmó que ellos no ven como “enemigos o amigos” a los medios de comunicación en función de una línea editorial, calificó de “deplorable” la critica de Podemos a algunas cabeceras que no le pueden gustar, pero tampoco compartió la posición de PSOE y del PP, a los que acusó de “utilizar” la publicidad institucional para “condicionar” las noticias que se difunden a los ciudadanos. Aun así, aseguró que “hay que decir basta al abuso de la publicidad institucional”.

Sin control

“Ninguna credibilidad, lecciones ninguna”, rebatió la socialista Ana Sánchez, quien recordó a García-Gallardo que utilizó la publicidad institucional en su etapa como vicepresidente de la Junta y explicó que su posición es favorable a tramitar esta iniciativa, aunque reconoció que se podía ir más lejos con “mayores diques de contención”.

De coherente y lógico calificó que empresas condenadas por sentencia firme -dos veces en los tres últimos años o tres o más veces en los últimos cinco años anteriores a la contratación de la campaña- no sean beneficiarias de la publicidad institucional y se preguntó quién puede oponerse a un cambio que fija unas líneas mínimas, a lo que respondió que solo quien no tiene los principios de “ética y decencia”.

“Millones de euros sin control, al peso que no van a educación, sanidad, incendios”, entre otras materias, siguió Sánchez. Ana Sánchez subrayó que no limita la libertad de expresión y de información, sino que solo regula unos mínimos para empresas que han sido condenadas con sentencia firme por difundir bulos o noticias falsas o atentar contra derechos.

Por parte del PP, Raúl Hernández argumentó que “los extremos de Vox y Podemos se unen para amordazar a los medios de Castilla y León”, reprobó que se diga que el PP gana elecciones no por su programa o candidatos, sino porque “van dopados” y defendió las campañas de publicidad como “vehículo” de difusión de mensajes a los ciudadanos.

“Los extremos se unen para atacar a la parte más débil”, siguió el popular, que achacó los bulos más a las redes sociales que a los medios serios de comunicación y defendió tanto el reparto de la publicidad institucional de la Junta con independencia de la línea editorial como a los medios y profesionales.

Al final del debate y antes de la votación, Pablo Fernández entró en una polémica con el presidente de las Cortes al solicitar un turno de réplica al PP, que no le fue concedido ya que Carlos Pollán interpretó que el procurador Raúl Hernández se limitó a fijar posición.

Mientras, el procurador de UPL Luis Mariano Santos argumentó que la línea editorial de un medio queda limitada con la dependencia económica del poder, aunque afirmó que no entra en la deontología, que existe, de los profesionales, si bien sí consideró que los partidos pequeños tienen más dificultades al competir con los grandes en unas elecciones.

“Este es el primer problema y su proposición de ley no entra en cómo solventarlo”, aseveró, convencido de que “los bulos” pueden partir tanto desde la derecha como de la izquierda, aunque dio el apoyo a la toma en consideración para trabajar en ella y poderla mejorar e incluso cambiar, por lo que no entendió que se rechace el debate de una ley.