ANPA considera inaceptable que la laguna de La Nava permanezca sin agua por problemas de gestión del humedal

Palencia

La España abandonada, ese es el sobrenombre con el que mucha gente conoce ya las zonas del interior de la España peninsular. Son territorios de gran extensión, antaño motores de la economía del país gracias a la agricultura y la ganadería, pero actualmente se trata de áreas deprimidas, con una bajísima densidad poblacional y, además, con una población muy envejecida. En un contexto económico como este, la puesta en marcha de otras actividades que contribuyan al mantenimiento y desarrollo de la economía resulta capital. Es más que evidente que el sector primario, por sí solo, no es capaz de sujetar el éxodo demográfico y la despoblación, y aquí, actividades como el turismo se convierten en una pieza clave para, cuando menos, minimizar este drama socioeconómico.

El turismo de naturaleza es ya uno de los principales motores de la economía en estas zonas. Muchas regiones españolas y castellano leonesas reciben ya la mayor parte de sus ingresos de actividades provenientes de este sector. En el caso de Tierra de Campos su desarrollo es todavía incipiente, pero se encuentra claramente al alza.

Proyectos como el de la recuperación de los humedales de La Nava, La Güera, El Hoyo, Boada o Pedraza han contribuido a poner en el mapa a pequeñas localidades terracampinas, repercutiendo en ellas numerosos ingresos directos, generando muchos empleos indirectos y asentando nuevos pobladores en unos municipios que han sufrido una pérdida de más del 70 % de la población en los últimos setenta años. En este contexto, resulta absolutamente incomprensible que algunos de los destinos turísticos más conocidos y demandados, como es el caso de la laguna de La Nava, permanezca sin agua en estas fechas, y lo que es mucho peor, sin ninguna perspectiva de solución a corto plazo.

El problema radica en las contra prestaciones económicas que el ayuntamiento demanda a la Junta de Castilla y León por la cesión de los terrenos, para que esta administración pueda gestionar unas 150 hectáreas como zona húmeda; aunque aquí es importante resaltar que el ayuntamiento y los vecinos de Fuentes de Nava no pueden olvidar que otras 150 hectáreas de terrenos se dedican a pastos comunales, sin que ello suponga a los ganaderos tener que afrontar ningún pago por el alquiler, como si se hacía antes, garantizándoles además los aportes de agua necesarios para la gestión de los pastos.

Hace unos meses la Junta de Castilla y León realizó una oferta al ayuntamiento de Fuentes para la compra de los terrenos que conforman el humedal, evitándose la Junta de esta manera tener que buscar todos los años una partida económica para encajar esos gastos de alquiler. Esta opción fue descartada por el ayuntamiento, generándose una situación

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absolutamente desconcertante e inadmisible. Ahora la gestión de La Nava está en un punto muerto, un juego de ver quien aguanta más, con unas consecuencias nefastas para todas las partes. Consecuencias nefastas para las aves, que ya no recalan en el humedal al no contar este con agua, ofreciendo además una pésima imagen del aguazal y de sus gestores, ya que los cientos de visitantes que mensualmente acuden a La Nava contemplan con perplejidad como el humedal permanece seco cuando debería estar rebosante de agua. Pésimas son también las noticias para la economía local, ya que muchos visitantes están dejando de venir, con las consiguientes pérdidas en el sector turístico que ello representa, generándose además una sensación de inseguridad e insatisfacción entre los viajeros que costará años volver a recuperar.

Desde la Asociación de Naturalistas Palentinos exigimos a las dos administraciones que se sienten a negociar de forma urgente, llegando a un acuerdo inmediato que acabe con esta situación y permita la inundación del humedal. De forma también inmediata deberán llegar un acuerdo definitivo que garantice la gestión a largo plazo del humedal. Como en todas las negociaciones ambas partes deberán ceder, el ayuntamiento tiene que entender que la única solución definitiva pasa por una venta de los terrenos, mientras que la Junta deberá garantizar al ayuntamiento una compensación justa, que no solamente afecte al precio de los terrenos, sino que deberá garantizar inversiones a medio y largo plazo en otros aspectos como la conservación del patrimonio arquitectónico, inversiones en la dotación de infraestructuras y planes para el desarrollo turístico de la comarca.