Preocupación en Amnistía Internacional tras conocer que la Policía Local de Aguilar cuenta con armas taser
Según la organización, en Aguilar de Campoo o Toral de los Vados los policías locales directamente no cuentan con protocolo, las formaciones que se imparten, cuando se imparten, son insuficientes, y en algunos casos no hemos recibido respuesta
Pistola táser / Miquel Codolar (ACN)
Palencia
.- El informe de Amnistía Internacional “Todavía no puedo dormir por las noches”: El abuso global del material de descarga eléctrica documenta que los organismos encargados de hacer cumplir la ley utilizan de forma intrínsecamente abusiva armas de descarga eléctrica por contacto directo —como pistolas paralizantes y porras eléctricas— en la calle, en las fronteras, en centros de detención de personas migrantes y refugiadas, en instituciones de salud mental, en comisarías de policía y en prisiones y en otros lugares de detención.
Estos dispositivos intrínsecamente abusivos, que administran dolorosas descargas con sólo pulsar un botón, se han utilizado contra manifestantes, estudiantes, opositores políticos, mujeres (incluso embarazadas), niños y niñas, defensores y defensoras de los derechos humanos, entre otras personas. Las personas supervivientes han sufrido quemaduras, entumecimiento, abortos, disfunciones urinarias, insomnio, agotamiento y profundos traumas psicológicos, según la organización.
En el informe también se analiza el creciente uso inadecuado de las armas de proyectiles paralizantes, que pueden tener una función legítima en la aplicación de la ley, pero que a menudo se utilizan de forma indebida. Son ejemplos de ello el uso innecesario y discriminatorio contra grupos vulnerables, que da lugar a lesiones graves y, en algunos casos, incluso provoca la muerte.
Las armas de proyectiles paralizantes se utilizan contra personas que no presentan ningún riesgo de violencia, simplemente para castigarlas u obligarlas a cumplir órdenes. También se utilizan en el modo de contacto directo (en lo que se conoce como ‘aturdimiento por conducción’), que debería prohibirse. Pese a los claros riesgos para los derechos humanos asociados a su uso, no existe una normativa global que controle la producción y el comercio del material de descarga eléctrica. Las armas de descarga eléctrica de contacto directo deben prohibirse de inmediato y las armas de proyectiles paralizantes deben estar sometidas a estrictos controles comerciales basados en los derechos humanos.
Este extenso informe se basa en la investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional entre 2014 y 2024 en más de 40 países de todas las regiones del mundo en las que se han documentado casos de tortura y otros malos tratos con dispositivos de descarga eléctrica.
Amnistía Internacional, junto con una red global de la sociedad civil integrada por más de 80 organizaciones en todo el mundo, lleva a cabo una campaña para que se negocie un Tratado sobre el comercio sin tortura que introduzca prohibiciones y controles globales sobre una amplia gama de material de aplicación de la ley, incluidos los dispositivos y armas de descarga eléctrica.
Amnistía Internacional ha expresado en múltiples ocasiones su preocupación por el uso y la regulación de las pistolas Táser en España. La incorporación de estas armas en el equipamiento policial debería ir precedida de una evaluación exhaustiva sobre las necesidades operativas que justifican su adquisición, debido a los riesgos que conllevan de causar lesiones graves o incluso la muerte, y la posibilidad de abusos en su utilización.
En España, cada vez más fuerzas policiales están adquiriendo armas Taser en los últimos años, evidenciando preocupaciones claras para Amnistía Internacional en lo referente a los criterios en los que se basan las decisiones para incorporar este armamento en el equipamiento policial y a los protocolos de uso.
En Castilla y León Amnistía Internacional se ha dirigido a los ayuntamientos de Burgos, Valladolid, Aguilar de Campoo (Palencia), Toral de los Vados (León) y La Bañeza (León) tras conocer que sus policías locales cuentan con este tipo de armas para trasladar nuestras preocupaciones al respecto, conocer sus protocolos de uso y también la formación que reciben previamente. Las respuestas siempre han sido insatisfactorias. En Aguilar de Campoo o Toral de los Vados los policías locales directamente no cuentan con protocolo, las formaciones que se imparten, cuando se imparten, son insuficientes, y en algunos casos no hemos recibido respuesta.
En octubre de 2023, la relatora especial de la ONU sobre la tortura presentó un informe temático sobre el comercio de tortura en la Asamblea General que abogaba por un instrumento jurídicamente vinculante para regular la producción y el comercio de equipos de aplicación de la ley e incluía listas de productos considerados como prohibidos y controlados.
Este informe pertenece a una serie de investigación detallada que pone de manifiesto el impacto devastador de los materiales de aplicación de la ley sobre los derechos humanos; informes anteriores se centraron en el gas lacrimógeno, las porras policiales, las balas de goma y el comercio de armas menos letales para reprimir protestas
