El Ayuntamiento de Aranda sigue sin reconocer la expulsión de Virginia Martínez del grupo Popular

Aranda de Duero

El PP ha visto desestimado el recurso que presentó al Ayuntamiento de Aranda contra su negativa a aceptar la remodelación de su grupo municipal asociada a la expulsión de Virginia Martínez Casaos. El secretario municipal emitía la semana pasada un informe en el que explica que los motivos que justificaron a principios de este año reconocer la baja de esta concejala como miembro del grupo siguen en pie, puesto que el partido no ha aportado la documentación que le requería que pudiera acreditar la expulsión por una votación mayoritaria.

Lo que viene a decir el secretario es que sería suficiente que el grupo municipal presentara un documento de la adopción del acuerdo de expulsión que indique el lugar y la fecha en que se produjo la reunión, las personas que asistieron a ella, el debate previo y el resultado de la votación donde por mayoría se haya adoptado la decisión de prescindir de la ex presidenta de la Arandina C.F. como compañera de grupo. Dice también que sería suficiente con un burofax dirigido a la concejala donde se reflejara la adopción de ese acuerdo.

El informe da un varapalo al grupo Popular, que en su recurso cuestionaba la imparcialidad de este funcionario al no reconocer la remodelación. "Lo que es falso e inadmisible en un representante público –explica en su informe- es acusar a un funcionario de romper su neutralidad, cuando le ha explicado de forma verbal, por activa y por pasiva, cómo subsanar la comunicación, con anterioridad a hacer el requerimiento, se la ha indicado el contenido mínimo del acta de la reunión para cumplir con las exigencias legales". Continúa diciendo que "únicamente es explicable, bien por ineptitud, bien por sufrir de un absurdo empecinamiento incomprensible, de pretender un grupo municipal presentar comunicaciones de unos hechos, en lugar de documentos que queden constancia del acuerdo adoptado, que es lo exigido por la Ley, y ello a pesar de las indicaciones verbales que prestó este funcionario".

Contra esta resolución, el PP podría presentar un recurso contencioso-administrativo.