Criterios "dispares" e inseguridad jurídica: Así ven los abogados la nueva ley de eficiencia de Justicia

Los efectos de la entrada en vigor de la ley orgánica de eficiencia del sector público de Justicia siguen preocupando no solo a la judicatura sino también a la abogacía. El recién elegido presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León alerta de que los criterios dispares de esta normativa están generando inseguridad jurídica.

La nueva ley obliga a acudir a que las distintas partes encuentren una solución fuera de los juzgados antes de acudir a ellos, bien sea a través de la mediación, de un recurso o de cualquier otro procedimiento extrajudicial un procedimiento de mediación en la jurisdicción civil antes de acudir a los juzgados.

El máximo representante del órgano colegial en la comunidad, Fernando Rodríguez Santocildes, sin embargo espera que los criterios se unifiquen para poder saber cómo poder afrontar la nueva situación: "nos encontraremos que además de las demandas previamente había otros procedimientos ante los órganos judiciales y en este caso ante los letrados de justicia que serán demandas de conciliación y podemos llegar a tener un efecto contraproducente".

Eso sí, Santocildes defiende que desde el sector siempre se ha abogado por apostar por la cultura del acuerdo: "La abogacía siempre ha sido tendente a resolver este tipo de conflictos previamente, de manera extrajudicial, antes de acudir a los tribunales. El problema puede llegar cuando se intenta imponer la cultura del acuerdo", matiza.

Otra de las normativas, aún pendiente de aprobarse es la ley de asistencia jurídica gratuita y la mejora del llamado turno de oficio. En marzo el ministerio de justicia elevó un 8 por ciento la retribución de los profesionales que prestan este servicio pero siguen pidiendo que la reforma garantice condiciones de trabajo dignas: "La ley actual es del año 1996 y no responde a la misma realidad social o procesal que existe y es necesario actualizarla", sostiene el letrado.

Santocildes lleva ejerciendo desde hace 30 años y se ha especializado en asuntos panales y de Familia. Su nombramiento viene a sustituir a Julio Sanz Orejudo quien ha estado al frente de esta institución durante los últimos ocho años. Decano del colegio de la abogacía de León desde octubre de 2017, acompañó a Sanz Orejudo como vicepresidente del CACYL durante sus dos mandatos. Desde este mes de abril, representa los intereses de más de 5.000 abogados y abogadas de la comunidad.