La Junta acata la sentencia que anula la declaración medioambiental negativa de una mina en el Valle del Corneja

Ávila

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández, ha expresado el "respeto" y "acatamiento" de la Administración autonómica a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que invalida la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) contraria a un proyecto minero en la comarca del Valle del Corneja.

Hernández, que preside la Comisión Territorial de Patrimonio que emitió hace dos años esa DIA desfavorable por su afección patrimonial al núcleo de Bonilla de la Sierra, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), ha señalado a los periodistas que el fallo judicial implica que "la DIA decae por ilegal y, por tanto, no existe afección patrimonial".

"El aprovechamiento estaría bien planteado y se llevaría a término", ha explicado el delegado territorial, a preguntas de los periodistas, después de que el pasado sábado una veintena de alcaldes y medio millar de personas protestaran con una cencerrada en Bonilla de la Sierra contra las minas a cielo abierto en la comarca del Valle del Corneja.

Ese acto convocado por la Plataforma 'No a la mina en el Valle del Corneja' y la Asociación 'Vive el Valle del Corneja', mostraba el rechazo de los vecinos de la zona a los proyectos mineros, plasmado por la firma de un manifiesto en este sentido por parte de 19 alcaldes y concejales de otros tantos municipios.

Aunque la protesta era contra las minas a cielo abierto en general, se singularizó el proyecto minero denominado 'Madueña 1.149' que, a juicio de los convocantes, "amenaza con destruir el Valle".

Especialmente, después de que el TSJCyL haya emitido una "resolución denegatoria de la DIA por afección patrimonial", según ha explicado José Francisco Hernández, quien señala que la Junta "respeta" y "acata" dicha resolución.

La misma permitiría la explotación directa por la empresa 'Transportes, Excavaciones y Hormigones Sonsoles SL', para extraer feldespato en 24 hectáreas de los términos municipales de Casas del Puerto y Bonilla de la Sierra.

Hernández ha precisado que la resolución judicial implica que "la Comisión tiene que variar su dictamen", antes de señalar que "recientemente" se ha reunido la ponencia técnica, ya que "el acatamiento es obligatorio".

Asimismo, ha señalado que a la Administración autonómica "no le queda otra que no sea la tramitación, desde la más absoluta objetividad", en un proceso en el que la Junta "no ha tomado en absoluto partido, ni a favor, ni en contra", ya que se ha limitado a "emitir los informes sectoriales".

No obstante, ha señalado que la Administración autonómica estará "expectante" a cualquier iniciativa que se pueda producir desde el ámbito municipal, por parte de los municipios de la zona.