Los sindicatos alertan del contrabando de móviles en la prisión de Mansilla con 130 teléfonos incautados en los últimos cinco años

León

Los teléfonos móviles están prohibidos dentro de los centros penitenciarios porque permiten a los internos eludir los controles de comunicación establecidos, facilitando la continuidad de actividades delictivas, como la violencia de género o la coordinación de redes criminales desde el interior de las cárceles. Esta prohibición no solo responde a criterios de seguridad, sino también al cumplimiento del mandato constitucional de reeducación y reinserción social.

Es por ello que los teléfonos móviles se han convertido en uno de los objetos más codiciados en prisión, “generando un mercado negro con graves consecuencias para el orden interno” según denuncia el sindicato Acaip. Entre 2020 y 2024 “se han incautado un total de 130 terminales en el centro penitenciario de León”. En los centros dependientes de la Secretaría General de instituciones Penitenciarias el número asciende a 12882. Solo en 2024, se decomisaron 2.884 dispositivos, de los cuales “37 fueron requisados en la prisión provincial”.

Desde ACAIP ponen en valor el “esfuerzo y compromiso” de los empleados penitenciarios que, “a pesar de los medios limitados y la creciente sofisticación de los métodos de introducción, continúan trabajando intensamente para frenar este tipo de contrabando”.

Muchos de estos dispositivos son utilizados por internos especialmente peligrosos, como “condenados por delitos de terrorismo, violencia de género o pertenecientes a bandas organizadas, cuyas comunicaciones están restringidas por motivos legales o de seguridad”. El acceso a estos teléfonos no solo les permite continuar con su actividad delictiva, sino que también genera conflictos internos, deudas entre presos y episodios de violencia relacionados con su control y tenencia.

Los funcionarios deben hacer frente a esta realidad “con medios claramente insuficientes, y manifiestamente mejorables”. Los terminales, según Acaip, son cada vez más pequeños y fabricados con componentes plásticos, por lo que escapan fácilmente a los detectores de metales y pueden esconderse en los lugares más insospechados”. Esto obliga a realizar requisas exhaustivas que requieren formación especializada y suficiente personal, “algo que hoy en día no se garantiza en el Centro Penitenciario de León debido, entre otras, a la alarmante falta de personal denunciada en numerosas ocasiones por ACAIP”.

Además, lamenta Acaip que hayan surgido nuevos métodos de introducción que suponen “una grave amenaza para la seguridad“: los drones. Su capacidad para sobrevolar instalaciones y depositar objetos con precisión convierte a estos dispositivos en vectores de riesgo casi indetectables, capaces de burlar las defensas actuales de los centros. Frente a este panorama, “es urgente una inversión decidida en tecnología moderna de seguridad”.