La Subdelegación del Gobierno confirma que la justicia investiga a dos trabajadores de Brieva por un trato de favor a cambio de sexo
El diario El País publica las diligencias de la investigación abierta hace un año

Ana Julia Quezada es conducida por agentes de Policía Nacional / Rafael González

Ávila
El Subdelegado del Gobierno en la provincia de Ávila, Fernando Galeano ha confirmado que un juzgado abulense investiga a dos trabajadores del Centro Penitenciario de Brieva por el presunto delito de cohecho por "proporcionar un trato de favor a una interna de la prisión a cambio de favores sexuales".
La investigación ha sido realizada por la Guardia Civil de la Comandancia de Ávila y afecta a un funcionario y un personal laboral que se encuentran en situación de investigados y no están trabajando en el Centro.
Una confirmación que se produce tras conocer que el juzgado número de 4 de Ávila está investigando desde hace casi un año un posible delito de cohecho cometido por parte de funcionarios del Centro Penitenciario de Brieva por facilitar un teléfono móvil a Ana Julia Quezada, la asesina del niño Gabriel Cruz, a cambio de relaciones sexuales.
Según la información del diario El País, esta mujer condenada a prisión permanente revisable que la cumple en Brieva, habría utilizado el teléfono para grabar alguna de estas relaciones con las que estaría "chantajeando" o "coaccionando" a la dirección de la cárcel para ser trasladada a Barcelona.
Citan los autores de esta noticia un informe de la directora de la prisión, Laura Pérez, en la que señala que “La interna manifiesta tener un móvil con una serie de grabaciones, entre ellas, imágenes de vídeo en las que aparece el funcionario en su celda”. Y sigue: “Según ella, este dispositivo se lo proporcionó el funcionario” que aparece en las diligencias en calidad de investigado y que fue detenido el 4 de septiembre de 2024 “por considerarlo supuesto autor de un delito de abuso de función pública”.
Señala también la información que "en un oficio del juzgado del pasado 6 de marzo se amplían las diligencias “por si hubiere lugar a expedientes disciplinarios” contra Ana Julia Quezada y el cocinero de la prisión (personal laboral del centro), que no constan como investigados en el procedimiento".
Añaden también que el teléfono móvil con las grabaciones lo tendría la actual pareja de Ana Julia y que "chantajea con sacarlas a la luz amenazando con hundir al centro y a su dirección" según el informe de la directora citado por el periódico.
Ya hace un año, la madre del niño Gabriel Cruz denunció en rueda de prensa que tenía conocimiento de fuentes de la prisión que la asesina de su hijo contaba con un móvil. Entonces, Patricia Ramírez también denunció la posible preparación de un documental sobre este caso para la que se habrían realizado entrevistas en la cárcel, según la denuncia de la madre.




