Condenada a tres años de prisión por tráfico de drogas

Condenada a tres años de prisión la mujer acusada de un delito contra la salud pública por estar en posesión de más de cien gramos de cocaína en su casa, en un municipio de la provincia, con un valor estimado de más de 7.000 euros y que escondía en un peluche.

Un sentencia, dictada por el presidente de la sala de la Audiencia Provincial de Ávila, en la que se recoge que la acusada es autora de un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud con el agravante de reincidencia, una resolución que se ha alcanzado tras llegar a un acuerdo el Ministerio Fiscal y la defensa de la acusada por lo que la sentencia es firme y no será recurrida.

El Ministerio Fiscal pedía inicialmente para la mujer acusada una pena de 5,5 años de prisión y una multa superior a los 21.000 euros, pero tras ser modificado el escrito de acusación y tras aplicarse la atenuante de "confesión tardía" se ha rebajado la condena a 3 años de prisión, además de una multa de 7.200,73 euros.

Una modificación con la que estuvo de acuerdo la defensa y la propia acusada, que así lo declaró al juez en la vista pública que se celebró este miércoles en la Audiencia Provincial de Ávila.

Los hechos tuvieron lugar en octubre de 2023, dándose la circunstancia que esta mujer había sido condenada un año antes por un delito de tráfico de drogas a una pena de un año y seis meses de prisión.

Por eso, el ministerio fiscal la acusa de ese delito contra la salud pública con el agravante de reincidencia por lo que se le pide una pena de 5 años y seis meses de prisión y una multa de 21.000 euros, cifras de resultantes de la suma de la condena anterior y la actual al reincidir. La defensa pide la absolución de su clienta por estos mismos hechos.

El miércoles, nuevo juicio por tráfico de drogas

La Audiencia Provincial de Ávila juzgará el próximo miércoles, 28 de julio, a un hombre por un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño, tras ser sorprendido con más de 29 gramos de cocaína de alta pureza en Sotillo de la Adrada.

El Ministerio Fiscal solicita para el acusado una pena de cuatro años de prisión, una multa superior a los 5.200 euros y su expulsión del país durante ocho años.

Todo ello por unos hechos que se remontan a febrero de 2024, cuando agentes de la Guardia Civil de Sotillo de la Adrada interceptaron al acusado durante un operativo de vigilancia desarrollado en la localidad tras recibir un aviso anónimo sobre un posible punto de venta de cocaína. Fue identificado en las inmediaciones de un establecimiento de la localidad y, tras realizarle un cacheo superficial, los agentes encontraron en el interior de su chaqueta una bolsa con dos partidas de cocaína.

El Ministerio Público sostiene que “dicha sustancia iba a ser destinada por el acusado a la venta o donación a terceras personas”. Se estima que, en el momento de los hechos, el precio de mercado de la cocaína rondaba los 59,04 euros por gramo, lo que situaría el valor total de la droga intervenida por encima de los 1.700 euros.

Para la fiscalía, los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública por tráfico de sustancias que causan grave daño, por lo que reclama una pena de cuatro años de prisión, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y una multa de 5.217,90 euros. En caso de impago, el acusado afrontaría una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 100 euros no abonados. Además, se solicita su expulsión del territorio español en aplicación del artículo 89 del Código Penal, con prohibición de regresar en un plazo de ocho años a partir de la fecha de expulsión.

Por su parte, la defensa ha mostrado su total disconformidad con la petición de la Fiscalía. Según el escrito remitido por la representación legal del acusado, “el representado no ha cometido los hechos que se le imputan y, por tanto, no existe delito alguno”. Además, rechaza la medida de expulsión solicitada al considerar que no es procedente, ya que su cliente “goza de residencia legal en España y tiene establecida su unidad familiar en el país, donde reside con su madre, su hija y su pareja".

La vista oral se celebrará el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Ávila.