El TSJ de Castilla y León confirma la condena a una librera de Aranda

Aranda de Duero

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Burgos que condena a una librera de Aranda de Duero por un delito de apropiación indebida. La mujer se aprovechó, según recoge la resolución judicial, de la confianza de un cliente octogenario para convertirse en autorizada de su cuenta bancaria y extraer un total de 25.500 euros entre abril de 2019 y febrero de 2020.

La Audiencia Provincial ya había considerado probado que la acusada realizó siete retiradas de fondos durante ese periodo, mientras el anciano acumulaba una deuda con la residencia en la que vivía. Fue el propio afectado quien detectó las irregularidades, acudió a un abogado y remitió una carta al director de su entidad bancaria para revocar la autorización de la librera, pese a encontrarse ingresado en el hospital Santos Reyes. Falleció dos meses y medio más tarde, siendo sus herederos quienes continuaron con el proceso judicial.

La defensa de la librera recurrió la sentencia alegando errores en la valoración de la prueba y una supuesta vulneración de su derecho a la presunción de inocencia. También solicitó que la indemnización se limitase a los dos reintegros que reconoció haber realizado —por un total de 14.500 euros—. Sin embargo, el TSJCyL desestima todos los argumentos, confirmando la condena de un año de prisión, el pago de una indemnización de 25.500 euros a los herederos y añadiendo ahora la imposición de las costas procesales.

En su defensa, la acusada afirmó que tenía una relación muy cercana con el anciano, al que consideraba como un padre, y aseguró que fue él quien decidió dejarle todo su patrimonio. No obstante, los jueces destacan que las dos últimas retiradas se produjeron mientras la víctima estaba hospitalizada, y que en ese momento la librera ya no era autorizada de la cuenta ni estaba designada como heredera en su testamento.

Contra esta resolución cabe la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.