La liberación de concejales y las decisiones sobre personal siguen complicando la aprobación del presupuesto de Aranda

Aranda de Duero

El calendario marcaba este martes como fecha clave en el tortuoso proceso de aprobación de los presupuestos de Aranda: después de haber tenido que recurrir a una cuestión de confianza para aprobar inicialmente las cuentas municipales, estas no podrán entrar en vigor hasta que no se resuelvan las alegaciones presentadas en el periodo de exposición pública cuyo plazo finalizaba este 27 de mayo. A falta de confirmar la existencia de alguna más, el portal de Transparencia ofrecía al finalizar el día de ayer nueve reclamaciones recibidas contra las cuentas municipales. Y dos son los asuntos estrella: las liberaciones de los concejales, y varias cuestiones relacionadas con la plantilla, entre las que destacan las referencias al "personal eventual" que se contratará con la fórmula de la libre designación.

Excepto la presentada por la Arandina reclamando las partidas con aquellas cantidades que considera que tiene que recibir, las otras ocho alegaciones proceden del ámbito político, en el sentido amplio, puesto que se han interpuesto por cargos públicos o personas vinculadas al PSOE y al PP. Y buena parte de ellas advierten de irregularidades en la forma en que el presupuestos plasma alguna de las liberaciones de concejales o la contratación del personal de confianza. Cuestionan, por ejemplo, que a la concejala de Obras se le vaya a conceder una liberación parcial del 85%, o que no se hayan definido las funciones del personal eventual que se quiere contratar por libre designación, argumentando en ambos casos incumplimientos de normativa vigente. Otra alegación referida a asuntos relacionados con el personal pone el foco en el pago de las gratificaciones (horas extra) previstas para los dos colectivos en los que se concentra la mayor parte de estas partidas, Extinción de Incendios y Policía Local. Advierte la reclamación que no se ha tomado ninguna medida para ajustar la previsión a la realidad (cada año se queda corto el crédito) y a su vez a la legalidad, que pone límites porcentuales a esta partida. El incumplimiento del objetivo de estabilidad financiera, al incluir la posibilidad de solicitar un crédito de más de 20 millones de euros, es el argumento de otra de las reclamaciones.

Cabe destacar una de las alegaciones presentadas por el portavoz del grupo municipal socialista en la que advierte, apelando a un informe del técnico de Personal, de que las irregularidades detectadas en la plantilla que acompaña a los presupuestos son de tal gravedad que debería ser declarada nula, y por lo tanto con ella ser anulado también todo el presupuesto. Entre las mencionadas irregularidades se detalla que la plantilla vinculada a estas cuentas incluye más plazas que puestos de trabajo existen en la RPT en vigor y que aún no ha sido modificada. Añade además que no se ha cumplido el trámite obligatorio de exponer al público durante 15 días el mencionado documento de la plantilla, lo que vuelve a contravenir la legalidad.

Finalmente la Aguilera a través de su alcalde pedáneo también ha presentado una alegación para que sea el ayuntamiento de Aranda quien se haga cargo de la financiación que corresponde a la adminsitración local de la construcción mantenimiento y explotación de una depuradora en convenio con la Junta, sin que estas cantidades se detraigan del dinero que recibe anualmente la entidad menor.