La ZBE de Ávila, a la espera del fallo del TSJ

La ZBE de Ávila, en manos de los tribunales. Hoy se ha celebrado la vista ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y comienza la cuenta atrás para conocer el fallo del TSJ sobre la ZBE de Ávila

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el casco histórico de Ávila ha generado una fuerte polémica entre el Ayuntamiento y un colectivo de ciudadanos que llevaron el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El recurso de los vecinos se conocerá en las próximas semanas. El 30 de junio podría ser la fecha tope ya que, la entrada en vigor de la ZBE de Ávila está prevista para el 1 de julio, fecha a partir de la cual las sanciones ya no serían informativas si no que serían de aplicación.

La denuncia interpuesta por el colectivo vecinal, encabezada por el exdecano del Colegio de Abogados al frente, Pablo Casillas, y el letrado Juan Ángel Martínez, se centran en la supuesta falta de necesidad de aplicar esta normativa estatal y europea en una ciudad que no presenta los problemas medioambientales que la justificarían.

Los vecinos han defendido que la ZBE carece de fundamento en el contexto específico de Ávila, puesto que la calidad del aire en la ciudad es buena y que no existen problemas significativos de tráfico ni de contaminación acústica en el casco histórico, por lo que considera que se podría haber evitado su implementación.

Además, los demandantes sostienen que la ordenanza no contempla medidas para los residentes y negocios afectados, además de criticar el acceso a un mayor número de vehículos tras la eliminación de plazas de aparcamiento en superficie exterior.

En el otro lado, la postura del equipo de gobierno que han defendido que la medida se ajusta a la Ley 7/21, que obliga a las ciudades con más de 50.000 habitantes a establecer estas zonas, destacando que la zona se ha aplicado en base a una normativa que hay que cumplir.

En este contexto, el recurso presentado hoy ha generado debate en el TSJ y queda pendiente de votación y fallo. Una decisión que llegaría poco antes que se comiencen a aplicar sanciones económicas (1 de julio) por incumplir la normativa de la Zona de Bajas Emisiones. Las multas que pueden alcanzar los 200 euros.

Desde el equipo de Gobierno esperan que se falle a favor del Ayuntamiento si bien acatarán la decisión que finalmente tome el órgano judicial, según ha manifestado el portavoz del equipo municipal José Ramón Budiño.

Por su parte, el abogado del colectivo vecinal denunciante recomienda a los afectados recurrir cualquier sanción que reciban a partir del 1 de julio, si la situación se mantiene recurrida en los tribunales o no existe sentencia firme.