Piden la nulidad del estudio de detalle del desarrollo del SSUNC-3 de Ponferrada por "conculcar los derechos de los pequeños propietarios"
Una veintena de pequeños propietarios intentará frenar el desarrollo por el "interesado" reparto del pastel entre los tres grandes promotores: el ayuntamiento, la Fundación Fustegueras y la Promotora Cruz de Miranda
Las parcelas en color rojo son un ejemplo de las concedidas a los pequeños propietarios que coinciden con viales
Ponferrada
Los pequeños propietarios de parcelas afectados por la reordenación de la zona de aparcamiento del albergue de Peregrinos, el SSUNC-3, han decidido que se adherirán a la Junta de Compensación para evitar que el ayuntamiento pueda llevarles a una expropiación forzosa, así que presentarán toda la documentación que se les requiere en notaría antes de que concluya el plazo el próximo 13 de julio. Esta veintena de afectados entienden que con este movimiento obligarán al equipo de gobierno a ofrecerles toda la información que requieren sobre una distribución que se ha hecho en base a los intereses de la Fundación Fustegueras, la Promotora Cruz de Miranda y el propio consistorio. Buscan, dice el presidente de la Asociación de vecinos del Casco Antiguo, "la justicia social".
En paralelo se han presentado ya alegaciones. Están en contra de un reparto del pastel que que se recoge en el estudio de detalle aprobado en Junta de Gobierno para ese sector de suelo urbano no consolidado. Piden la nulidad "por no haberlo notificado los propietarios minoritarios y por tanto conculcar de forma flagrante derechos fundamentales".
Defienden así el mantenimiento de sus propiedades para participar en cualquier valoración futura de la zona en la que los tres grandes propietarios tienen 55.000 metros cuadrados y en los que se incluye tanto un área comercial propuesta al grupo Gadis como el futuro centro de salud que sustituiría al de San Antonio. Es más, todo este embrollo les da que pensar sobre si el ayuntamiento ha cambiado la ubicación de este centro sanitario como reclamo social para tapar lo que se haga en el resto del sector urbanístico