La Junta renovará la licencia de RTVCyL y convocará otro concurso en "igualdad" económica

Valladolid

La Junta de Castilla y León ha anunciado este jueves que prevé tramitar la "renovación automática" de la licencia a la que cree que tienen derecho los propietarios de la cadena privada Radio Televisión Castilla y León, que ya la han solicitado, y además convocará otro concurso público para cubrir la otra licencia de que dispone la Comunidad, en "igualdad".

Este nuevo concurso serviría, según el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP), para dar cumplimiento a la recién reformada Ley de Publicidad Institucional, que ayer aprobaron las Cortes de Castilla y León con los votos de PSOE, Vox, Unidas Podemos y el exvicepresidente de la Junta y procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, contra el criterio del PP.

Esas referencias a la convocatoria del concurso en "condiciones de igualdad" implican que la Junta asume que las empresas que puedan concurrir gozarían de las mismas o similares aportaciones económicas que las planteadas actualmente para la otra licencia, con hasta 24,5 millones para el presente 2025 y 23,5 millones para 2026.

Se trata de una hipótesis, porque este proceso quedaría pendiente de una consulta al Ministerio de Función Pública y Transformación Digital para comprobar si está libre el espacio radioeléctrico con el que cuenta la Junta y, a partir de ahí, ver si hay empresas interesas en esa licencia.

Carriedo ha asumido que, en caso de que finalmente funcionaran y contaran con esas condiciones de igualdad, la aportación pública sería el doble a la actual, por lo que, con esa proyección, la aportación pública a dos televisiones privadas se acercaría, por ejemplo, al presupuesto anual actual de la pública Radio Televisión Castilla-La Mancha (66 millones).

Sobre la renovación automática de la licencia que prevé la Ley de Comunicación Audiovisual estatal a los quince años, lo que se cumple en septiembre, según el cálculo de Carriedo, la Junta ha dado por hecho que los actuales propietarios cumplen con las tres condiciones que marca la norma y ha informado de que ya han solicitado esa renovación.

Informe del Consejo Consultivo

El portavoz de la Junta ha comenzado por asumir que la nueva Ley de Publicidad Institucional "es de obligado cumplimiento" desde el momento en que se publique en el Boletín Oficial de Castilla y León, aunque ha subrayado que sabe de los "perjuicios" que va a causar, como la limitación de contratos cuando se llegue a una aportación pública equivalente el 33 por ciento de la facturación de cada medio de comunicación.

"Hasta los propios autores de la ley, PSOE y Vox, son conscientes del perjuicio", ha afirmado Carriedo, quien ha retado a estos partidos junto a Podemos, que la impulsó, a aprobar "la misma ley a nivel nacional si es tan buena".

Ante las dudas jurídicas y "lagunas" que observa la Junta de Castilla y León, con "cierta colisión" con la Ley estatal de Contratos del Sector Público, Carriedo ha anunciado que pedirán informe al Consejo Consultivo sobre la forma de aplicar esta nueva normativa, a la vez que han dejado la puerta abierta a que algún perjudicado pueda recurrirla ante la Justicia.

Preguntado por si la Junta va a paralizar preventivamente las aportaciones vinculadas a la publicidad institucional para no sobrepasar ese 33% que establece la Ley, Carriedo ha sentenciado que en el momento en que se publique se cumplirá "con todas sus consecuencias".

Publicación del acuerdo de la subvención de RTVCyL

Carriedo también ha respondido sobre las dudas existentes acerca de los motivos de la Junta para no publicar aún en el Bocyl el acuerdo del pasado jueves sobre las aportaciones a RTVCyL para 2025 y 2026, que han sido denunciadas ante la Fiscalía por el exvicepresidente de la Junta Francisco Igea.

Al respecto, el portavoz ha restado importancia a esa circunstancia: "Estamos en plazo para su publicación, no sé muy bien cuál es el motivo concreto".

PSOE, Vox, Podemos e Igea tachan de "treta" la renovación de la licencia de RTVCyL

Los partidos que aprobaron este miércoles la reforma de la Ley de Publicidad Institucional -PSOE, Vox, Podemos y el procurador Francisco Igea- han tildado de "maniobra" y "treta" la decisión avanzada por la Junta de Castilla y León de renovar de forma automática la licencia que ahora posee la privada RTVCyL y convocar una nueva para otra licencia a mayores en "igualdad económica".

La ley aprobada este miércoles por estas formaciones y contra el criterio del PP instaba a la Junta a convocar un nuevo concurso público para la licencia de televisión en un plazo de tres meses, aunque ahora la intención de la Junta, como ha informado este jueves su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, es que este concurso se haga para la licencia que en teoría está libre en la Comunidad y no para la que posee RTVCyL, que quedaría renovada de forma automática.

La convocatoria de esta nueva licencia se trata de una hipótesis, porque este proceso quedaría pendiente de una consulta al Ministerio de Función Pública y Transformación Digital para comprobar si está libre el espacio radioeléctrico con el que cuenta la Junta y, a partir de ahí, ver si hay empresas interesas en esa licencia.

Ante esta situación, la viceportavoz del grupo Socialista en las Cortes, Nuria Rubio, ha expresado, en declaraciones a EFE, que "cuando pensaban que lo habían visto todo, la Junta sale con esta treta para no cumplir la ley".

Asimismo, ha indicado que, aunque quedara una licencia libre en la Comunidad eso no implica que la otra "la puedan dar a quien ellos quieran" para que este medio pueda "seguir lanzando sus titulares".

"La norma está para cumplirla", ha apostillado Rubio, que ha avanzado que su formación también consultará al Ministerio de Transformación Digital si, efectivamente, está libre una licencia del espacio radioeléctrico de la Comunidad.

Por su parte, el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha expresado a EFE que esta decisión de la Junta era "lo último" que se esperaban: que el PP "pidiese amparo a Óscar López (ministro de Transformación Digital) para poder hacer trampas a la ley de publicidad institucional".

"Los ciudadanos de Castilla y León no se merecen estar gobernados por sinvergüenzas. Pues que tengan claro que desde Vox hemos venido a terminar con la corrupción y con los fraudes de Ley", ha añadido el portavoz de los de Abascal.

Mientras, desde Podemos, Pablo Fernández ha indicado a EFE que lo anunciado hoy por la Junta es una "práctica mafiosa más del PP" con tal de "favorecer a Antonio Miguel Méndez Pozo y José Luis Ulibarri", los dueños de las empresas concesionarias de la actual licencia de televisión.

"No puede ser que en esta Comunidad haya dos empresarios, que además están condenados por corrupción, que manden más que el Parlamento", ha añadido Fernández, que ha tildado esto de "infamia" y de "tropelía", ya que el PP de Alfonso Fernández Mañueco "opera como una organización mafiosa para favorecer y lucrar a sus empresarios de cabecera".

Por último, el procurador Francisco Igea ha afirmado, a través de un mensaje en sus redes sociales, que puede que Mañueco y Carriedo "sean los únicos que no se han enterado que la mayoría de las Cortes les dijo ayer que la televisión de Castilla y León no puede continuar así".

"Como chascarrillo podría ser gracioso, como mensaje político resulta delictivo", ha apostillado el exvicepresidente de la Junta.