Miedo al 'orgullo': cuando el trabajo cierra la puerta del armario

¿Qué hay que reivindicar? ¿Qué les hace tan especiales? ¿Qué más derechos piden si solo tienen privilegios? Basta con dar un paseo rápido en redes y teclear la palabra orgullo LGTBIQ+ para encontrarse estos comentarios. Ante ello, la batalla de los discursos, que se divide entre quienes dicen que la sexualidad no debe ser el centro de su vida y quienes creen que esa es una forma de persuadir para conseguir que no se reivindiquen públicamente los derechos conseguidos....o los que se pueden perder.

En Valladolid la concentración ha congregado a cientos de personas. Allí la ministra de Igualdad, Ana Redondo, además ha aprovechado para criticar la complicidad del PP con Vox en ayuntamientos o las Cortes respecto a la colocación de la bandera LGTBI: "Nos encontramos actitudes de la extremad derecha y de la derecha que blanquea a la extrema derecha y decide no poner las banderas en los balcones. Seguimos sin ley en Castilla y León, es contrario a una democracia plena".

Desde la Junta de Castilla y León, a la que hemos invitado a dar su postura en este informativo, nos han insistido en que los derechos el colectivo están protegidos. Se remiten a las declaraciones realizadas durante la votación de la ley LGTBI en las Cortes. Fue la procuradora popular Noemí Rojo quien defendió la postura de la Junta en este ámbito "El gobierno de la Junta siempre ha velado y velará por el respeto y la no discriminación de todas las personas, afirmamos con rotundidad que los derechos de las personas LGTBI+ en Castilla y León están garantizados".

Están garantizados los derechos pero, ¿hasta qué punto?

El 30 de junio se cumplen 20 años de la aprobación del matrimonio igualitario. A día de hoy, 770 parejas contrajeron matrimonio en la comunidad. Esto en el lado positivo, en el negativo son muchas las que, pese a tener legalmente el mismo derecho al permiso de vacaciones tras casarse, no se acogen al mismo por miedo a las respuestas, a las miradas o a las medias sonrisas de rechazo.

Así lo atestigua el informe que anualmente realiza el sindicato UGT sobre discriminación laboral en el colectivo: "Pierden ese derecho de los días libres por tener miedo a decir que se casan y pasa con los cuidados a familiares, es primer grado y hay personas que pasan un cáncer y tiran de otros permisos como bajas psicológicas o excedencias por miedo a decir que están con otra persona del mismo sexo", recalca José María Díez es el coordinador del área LGTBI en la organización.

Pero los datos de este informe van a más: solo 7 empresas en Castilla y León cuentan con un protocolo contra agresiones LGTBIQ+; cerca del 80 por ciento de personas han manifestado haber recibido insultos y amenazas en su entorno laboral. Pueden ser agresiones verbales, directas, pero también comentarios indirectos, hirientes, que se hacen a sabiendas de que pueden ocasionar un daño en la persona con la que compartimos trabajo.

Además, el 75 por ciento consideran que no tienen las mismas oportunidades laborales en la comunidad. Si hablamos de las personas Trans el porcentaje asciende al 83 por ciento. Y 7 de cada 10 personas creen que su condición sexual es un inconveniente para encontrar trabajo y optan por dos soluciones, no contarlo en la empresa, no naturalizarlo por miedo... o marcharse de la comunidad.

En la legislación española no hay un apartado concreto sobre delitos de odio sino que este se tipifica como tal cuando se comprueba que hay una motivación clara del autor o autora. En ello trabajan los interlocutores sociales de la policía nacional, encargados de contactar con asociaciones y víctimas ante cualquier duda, como prevención o tras un posible delito.

Esto quienes denuncian. Pero hay mucha gente que aún no da el paso. Clara del Rey es una de estas interlocutoras que trabaja en Valladolid "Dentro de las motivaciones están que la propia persona que tiene características elegidas por el agresor puede sentir vergüenza al comunicarlo, pensar que se lo merece o que es normal o no saben si la policía les va a creer".

Cuando hablamos de las redes sociales, la cosa se complica en un mundo donde el anonimato disfrazado de valentía permite la libertad de insulto a colectivos como este. Desde Fundación Triángulo llevan años pidiendo que el acceso a redes se regularice: "Que todas aquellas personas con cuenta en las redes estén identificadas en su momento a raíz de los atentados terroristas se eliminó la posibilidad de comprar un teléfono sin asociarlo a una persona, pues esto debería ser igual", explica Yolanda Rodríguez. Aún queda mucho por hacer.