Castilla y León es la segunda CCAA a la cola en inversión a la Dependencia

Según la Asociación de Directores y Gerentes es la quinta en inversión potencialmente dependiente pero la quinta que menos destina por atendido.

Castilla y León es la segunda comunidad autónoma que menor porcentaje dedicó a financiar la Dependencia en 2014, con un 63,2 por ciento, que supuso una cuantía de 562,09 millones de euros, frente a un 36,8 por ciento del Estado, que ascendió a 326,59 millones, lo que supone una cifra total de 888,69 millones.

Así se refleja en los datos "oficiales aún no publicados" por el Ministerio de Derechos Sociales facilitados por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales recogidos por Europa Press, que indican que la inversión pública en atención a la Dependencia en 2024 fue de 12.843 millones de euros, de lo que las comunidades financiaron de media el 72,9 por ciento (9.365 millones, un 13,8 por ciento más que el año anterior), y la aportación estal fue el 27,1 por ciento (3.478 millones, un 5,6 por ciento más).

Según estos datos, por detrás de Castilla y León, sólo se sitúa La Rioja (61,4 por ciento) en menor porcentaje de financiación de la Dependencia el pasado año.

El peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal durante el periodo 2012 a 2020 presentaba una tendencia alcista que se rompe en 2021, por el incremento en la financiación aportada por la Administración General del Estado mediante el plan de choque.

El peso de las comunidades autónomas en la financiación cae un 13 por ciento entre los años 2020 y 2023, por el Estado que refuerza la financiación, ha indicado la Asociación, que ha añadido que, sin embargo, en 2024 vuelve a incrementarse rompiendo la tendencia cuatro años después.

La Administración General del Estado incrementó en 185 millones de euros su gasto en dependencia debido a su obligación de soportar el nivel mínimo de financiación correspondiente a las personas beneficiarias de la Ley, al haberse incrementado el número de personas atendidas, ya que por ser un sistema con modelo de financiación capitativo, el Ministerio tiene que ampliar obligatoriamente sus aportaciones.

"Sin embargo, este incremento del gasto fue por imperativo legal, pero no por compromiso político, ya que no existió incremento presupuestario para la dependencia por parte del Gobierno central, lo que supuso que se redujera su porcentaje en la financiación del Sistema", ha apuntado la Asociación.

Inversión

Por otro lado, en lo que se refiere a inversión por persona potencialmente dependiente, Castilla y León es la quinta comunidad que más invierte, con 2.127 euros, por detrás de Paíss Vasco (2.845), Extremadura (2.779), Navarra (2.474) y Baleares (2.324). A la cola se encuentran Galicia (1.317 euros), Canarias (1.339) y Murcia (1.667).

En cuanto al gasto anual medio por persona beneficiaria, ascendió a 8.592 euros, de los cuales la Administración General aportó 2.327 euros en concepto de nivel mínimo de protección y las comunidades autónomas 6.267. En el caso de Castilla y León, se sitúa en décimo tercera posición en gasto (la quinta menor) con un total de 7.480 euros por dependiente atendido por debajo de la media, al igual que otras cinco comunidades), mientras que la que más destinó fue País Vasco, con 13.554 euros, y la que menos Andalucía, con 7.173.

Sin embargo, Castilla y León se sitúa como tercera comunidad en mayor inversión por habitante, con 372,8 euros, por detrás de País Vasco (432,7) y Extremadura (399,1 euros).

Por lo que se refiere a 2025, la Asociación de Directores y Gerentes asegura que nueve comunidades van a ver disminuidas las cantidades del nivel acordado para financiación de la dependencia.

A este respecto, la organización ha incidido en que la estructura para la distribución del Marco de Cooperación Interadministrativa correspondiente al ejercicio 2025 tiene cuatro fondos diferenciados, concretamente el de estructura, el de gestión, el fondo de cumplimiento de objetivos y el fondo relativo al apoyo para el despliegue del Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), de 28 de junio de 2022.

Así, la Asociación ha cifrado en 5,86 millones menos los que percibirá Castilla y León con respecto a 2024, con un nivel acordado de 79,7 millones.