Funcionarios de prisiones se concentran por la agresión sexual a una psicóloga en Sevilla II
Reclaman más personal en los centros, la posibilidad de aplicar medios coercitivos con los reclusos, y el reconocimiento como agentes de la autoridad
Concentración ante el Centro Penitenciario La Moraleja de Dueñas
Palencia
Los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF han convocado concentraciones a las puertas de todos los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y frente a la Delegación del Gobierno en Sevilla, como protesta por la brutal agresión sexual sufrida por una psicóloga en el Centro Penitenciario de Sevilla II (Morón de la Frontera).
El pasado 8 de julio, durante una entrevista profesional, un interno con antecedentes de violencia y agresiones sexuales, atacó con extrema brutalidad a la trabajadora, propinándole puñetazos, mordiscos, arrancándole mechones de pelo y realizándole tocamientos sexuales mientras la amenazaba con violarla y secuestrarla. Solo la rápida intervención evitó un desenlace peor.
En un comunicado denuncian que "este interno, pese a su peligrosidad, se encontraba inexplicablemente clasificado en un módulo de respeto, reservado en teoría para reclusos con buena conducta. Una decisión absolutamente irresponsable por parte de la Administración Penitenciaria.
Desde ACAIP-UGT y CSIF consideran que se trata de un fallo en cadena provocado por una negligencia institucional. El historial del interno era conocido, y se había solicitado hasta cuatro veces su traslado al Hospital Psiquiátrico Penitenciario, denegado por los Servicios Centrales de Instituciones Penitenciarias. Solo tras la agresión y la repercusión mediática, se autorizó finalmente.
Asimismo, y según el comunicado, "la dirección del Centro Penitenciario de Morón permitió que el interno pasara por distintos módulos a pesar de múltiples incidentes graves, hasta acabar alojado en un módulo de respeto. Recordar estos módulos se caracterizan por un perfil poco conflictivo y un régimen de vida más laxo. No nos encontramos ante un hecho aislado."
"En Sevilla II, en el último año, ya se han registrado al menos tres agresiones sexuales y múltiples episodios de acoso a trabajadoras, sin que desde la Administración se haya adoptado ninguna medida estructural.
A esta escalada se suma el dato alarmante: en las prisiones españolas se produce una agresión cada 16 horas, y la respuesta institucional ha sido la pasividad y el maquillaje estadístico. En una reciente consulta a Transparencia la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aseguró que ni siquiera dispone de datos estadísticos sobre denuncias de agresiones o acoso sexual por parte de internos a funcionarias. La invisibilización de estas agresiones es otra forma de violencia institucional."
Los sindicatos convocantes, ACAIP-UGT y CSIF, han trasladado un escrito a la administración exigiendo:
- El cese inmediato de los que consideran responsables directos de esta cadena de negligencias:
o Don Miguel Ángel Vicente Cuenca (Director General de Ejecución Penal)
o Doña Carmen Martínez Aznar (Subdirectora General de Sanidad Penitenciaria)
o Don Ángel Domínguez (Director de Sevilla II)
o Don Mario Moreno Martín-Bejarano Subdirector de Seguridad del centro penitenciario
- La revisión urgente del sistema de clasificación interior, impidiendo que internos con antecedentes violentos o sexuales accedan a módulos de respeto.
- La implementación de un nuevo protocolo de agresiones que contemple prevención, respuesta rápida, y apoyo psicológico y jurídico a las víctimas.
- La dotación de botones de emergencia o dispositivos de alarma personales para el personal que realice entrevistas o intervenciones en solitario.
- La adecuación de espacios de trabajo para que no se comprometa la seguridad del personal.
- Y el reconocimiento legal del personal penitenciario como agente de la autoridad, con garantías de indemnidad y respaldo institucional.
El Comunicado finaliza así "el personal penitenciario dice: ¡Basta ya! ACAIP-UGT y CSIF denuncian que los hechos de Sevilla II no son una excepción, sino el resultado de una política penitenciaria “buenista”, opaca e irresponsable, que pone en peligro real a los trabajadores. Se está anteponiendo el maquillaje de datos a la seguridad real en los centros. No puede haber reinserción sin seguridad, ni convivencia sin respeto."
