Burocracia y papeleo: un peso más sobre los hombros de cuidadores y dependientes

Valladolid

Contar con alguna discapacidad o algún grado de dependencia, o tener a cargo una persona en estas circunstancias, ya es duro de por sí. Toda la atención y los cuidados que necesitan, la adaptación de los espacios... y a todo ello se añade la burocracia a la que deben hacer frente.

Desde el propio reconocimiento del grado de dependencia o de discapacidad, hasta los trámites necesarios para obtener ayudas, tener cuidado de que los certificados no caducan... Un peso más sobre los hombros de las personas afectadas y sus cuidadores que muchas veces puede llegar a abrumar y, lo que es peor, condicionar la llegada de subvenciones o ayudas porque haya algún trámite que se haya despistado o algún documento traspapelado.

Desde Fundación Plena Inclusión reconocen que las administraciones tienen un amplio margen de mejora para hacer este camino mucho más fácil. Teresa González, responsable del área de Familias de Plena Inclusión: "Todos los trámites dependen de la Junta y cada organismo elabora una serie de trámites y eso siempre se puede mejorar, no solo en Servicios Sociales; además cualquier trámite nos pone nerviosos porque ayudas y deducciones fiscales van a depender de esos procesos".

Para todas esas personas, recuerdan que entidades como esta pueden facilitar y ayudar en los trámites administrativos, de forma que se alivie de alguna manera la carga burocrática y la mental: "Las familias de personas con discapacidad intelectual suelen acudir a entidades y asociaciones y en ellas suele haber personas que trabajan con las familias, generalmente trabajadores sociales, y son conocedores de los trámites y los pasos a dar".

Retraso en el pago

Y tras completar todos los trámites, se plantea otro problema. Advierten desde la Plataforma Social de Castilla y León que, en el caso de la dependencia, el dinero tarda unos meses en llegar, y esto puede suponer, asegura Jorge Félix Alonso, dificultades para las familias que sustentan y acompañan a estas personas: "El problema es que de oficio se da esa prestación pero si luego se tarda meses en tener el dinero, tienen dos opciones, o no coger la residencia o el centro de día, o esperar a que llegue el dinero".

Por eso piden a la Junta que llegue a acuerdos con las entidades del tercer sector, con las residencias, para que las familias no tengan que suplir el coste los primeros meses: "La Junta tendrá que llegar a un acuerdo con las empresas que prestan esos servicios privados y que no les exija el dinero que tiene que llegar del gobierno autonómico, que no caiga sobre las familias esa demora".

En Castilla y León hay 125.000 personas dependientes y 150.000 con algún grado de discapacidad reconocido.

Medidas de la Junta

Precisamente, la Junta de Castilla y León ha aprobado en Consejo de Gobierno una serie de medidas que buscan esto, la reducción de la burocracia y la simplificación administrativa tanto para las empresas, las entidades locales y los ciudadanos.

El Acuerdo establece un total de 54 medidas ejecutivas que involucran a las 10 consejerías de la Junta. Con ellas buscan un ahorro total de 24,6 millones de euros al año a los ciudadanos de Castilla y León a través de la reducción de la burocracia en 300.000 expedientes.

Luis Miguel González Gago, consejero de la Presidencia, explica algunas de esas medidas: "El objetivo es mejorar y facilitar las relaciones de ciudadanos, empresas y organizaciones con la administración autonómica, con presentación también telemática y documentos más sencillos de rellenar y eliminando trámites internos".

Las 54 medidas tendrán que ser ejecutadas desde ahora hasta finales de 2026, con 30 que se implantarán este año y 24 en 2026.