Siete inspectores para 700 residencias de mayores: falta de control, plantillas exhaustas y sin normativa

Siete meses después, la nueva ley de residencias de CYL sigue sin normativa para su desarrollo. Una vez aprobada la ley en las cortes se comprometió tener aprobado en enero el decreto que permitiera, entre otros asuntos, establecer las ratios que aún siguen pendientes.

Todo esto genera un gran perjuicio para los usuarios y sus familias, sobre todo en residencias de mayores privadas, según denuncia la socialista Soraya Blázquez: "el plazo expiró en enero y seguimos esperando a que la Junte termine de fijar esas ratios, la falta de personal es una queja tantos en el personal como las familias están permitiendo que se dé una atención adecuada".

En Castilla y León de las 700 residencias existentes cerca de 200 solo son de carácter público, apenas el 30 por ciento del total. El restante lo gestionan empresas privadas. A esto se suma la situación laboral de plantillas que en las privadas tienen problemas para encontrar a gente, ofreciendo contratos parciales y obligando a su personal a doblar turnos o no coger vacaciones durante el verano para cubrir el déficit.

Desde el sindicato UGT además llevan años pidiendo saber cuántos inspectores hay en la comunidad para vigilar que todo se cumpla. Apenas hay 7 inspectores en toda la comunidad, aunque la Junta se comprometió a contratar a tres más, cifras que llevan años pidiendo ser actualizadas ante la ausencia de respuesta del gobierno autonómico: "No entendemos de qué vale hacer leyes y publicar en el BOCYL si luego no tienes a inspectores que vigilen. Ahí vemos una clara connivencia de la Junta con las empresas privadas", destaca Tomás Pérez, secretario general de la FeSP-UGT en Castilla y León.

Además, considera que las inspecciones se tienen que realizar sin avisar, porque, según les ha comentado algunas de las compañeras que trabajan en este servicio "se les avisa hasta una semana antes de que se va a realizar la inspección y durante esos días todo está perfecto".

Un ejemplo de la situación residencial. En Zamora, el PSOE carga contra el presidente de la Diputación, el popular Javier Faúndez, después de que este acusase a dos trabajadores de la Residencia Virgen del Canto de Toro de orquestar una campaña para desprestigiar a la institución interponiendo “denuncias sistemáticas”.

El pasado mes de marzo, Sanidad clausuró las neveras del centro por presencia de moho. La diputada provincial socialista, Nieves García, tacha de autoritarias y despectivas las declaraciones de Faúndez al respecto y le pide una actitud más conciliadora al presidente provincial: "Si tienen talante con los alcaldes de los pueblos que también lo tengan con los trabajadores que son los que les sacan las castañas del fuego".

Los socialistas sostienen que los trabajos de mejora que la Diputación ejecutará en cocina o el patio surgen a raíz de las denuncias, aunque ahora hayan sido desestimadas por la Junta, y vuelven a pedir a la Diputación que les dejen visitar las instalaciones de la residencia toresana.