Cada día una enfermera es agredida en un centro sanitario de Castilla y León

El Consejo de Enfermería de Castilla y León ha reclamado a la administración autonómica a la Junta aumentar las reuniones para "agilizar datos sobre agresiones a sanitarios" después de que el pasado año se denunciaron un total de 359.

El presidente del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz Forner, recuerda que a estas cifras habría que incluir los casos de agresiones que se producen en la sanidad privada y que no se reflejan en el informe aportado por la Consejería de Sanidad, "lo que demuestra que es preciso mejorar la forma de registrar estos incidentes".

A juicio de Ruiz Forner "debe haber una mayor coordinación y transparencia en el acceso a los datos". "Los servicios de salud registran las agresiones que se producen en la región, pero sólo en el ámbito público. La Sanidad privada también debería notificar los incidentes que se registran en este entorno y trasladarlos tanto a la consejería de Sanidad como a los colegios de enfermería, para que la información fluya mejor y tengamos un mayor conocimiento de la realidad y, por lo tanto, poder adoptar medidas que puedan ser más efectivas para su prevención", ha añadido.

El responsable del consejo considera que hay una "infra notificación de sucesos, especialmente de amenazas y violencia verbal, que al final quedan impunes". De ahí que el registro, la notificación y la denuncia ante todos los estamentos sean "tan importantes", para advertir de que ante cualquier tipo de agresión no se pueden "quedar callados".

"Hay que tener tolerancia cero contra los agresores y que la administración y los gestores de centros sanitarios privados garanticen la seguridad de los profesionales que allí desempeñan su actividad laboral, a sabiendas que a veces las enfermeras no comunican todos los actos violentos porque creen que la denuncien les va a exponer más ante el agresor", ha abundado.

Según los últimos datos del Observatorio de Agresiones del CGE, correspondientes al año 2024, por comunidades autónomas, Andalucía es la que ha registro un mayor número de estos sucesos, con 546, seguida de Baleares con 380 y Castilla y León con 359. "Esto nos hace pensar que hay que insistir en que las enfermeras denuncien cualquier tipo de agresión verbal o física para que los violentos sepan que nuestros servicios jurídicos serán contundentes ante este tipo de actuación", ha señalado Ruiz Forner.

La entidad colegial recuerda que este tipo de agresiones son consideradas delitos y pueden acarrear penas de prisión y multas y que las enfermeras de Castilla y León se enfrentan cada día a hacer su trabajo "con una presión asistencial brutal debido al déficit crónico de profesionales que arrastra nuestra región". "Los enfermeros y enfermeras no somos responsables de los males del sistema, de las demoras en la atención, de la falta de recursos, de no poder atender sus expectativas y que una muestra tan incívica como es la agresión a un profesional tiene consecuencias penales", ha argumentado

Desde el Consejo recuerdan que al profesional sanitario que sufre una agresión ya sea verbal o física, "le supone mucha frustración y preocupación", además de que puede provocar una baja laboral y afectar a nivel profesional en la forma de desarrollar su actividad. "Muchas veces quien sufre una agresión piensa que ha hecho algo mal, cuando realmente es una situación que no tiene que ver con la actitud o con la profesionalidad de esa compañera, sino que el estrés y la ansiedad que padece un paciente o un familiar por no ver satisfechas sus expectativas por la deficiencias del sistema y no por la actuación concreta de un profesional", ha subrayado Ruiz Forner.

Por último, el presidente del Consejo de Enfermería ha asegurado a los profesionales que "no están solos" y que ante cualquier agresión, amenaza, insulto o acoso "van a encontrar todo el apoyo en sus colegios profesionales y, por supuesto, en la Policía Nacional y la Guardia Civil".