La Fiscalía abre diligencias por la situación del coto de caza de San Salvador de Cantamuda

Palencia

La situación se remonta inicialmente al año 2015, cuando la Junta Vecinal de San Salvador de Cantamuda adjudicó por diez años el coto de caza, adjudicación que pudo realizarse prescindiendo de la normativa vigente en materia de Contratos y de Procedimiento Administrativo.

En 2019 la asociación ecologista solicitó información a la Junta Vecinal que no fue respondida y, por tanto, recurrió al Procurador del Común. Esta Institución de la Comunidad Autónoma en sus investigaciones requirió hasta en tres ocasiones al Alcalde-Presidente de la Junta Vecinal sin obtener respuesta, por lo que se vio obligada a incluir a la citada entidad local en el Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras con el Procurador del Común en su Resolución del 13 de octubre de 2020.

Además, esa Resolución obligaba a la Junta Vecinal a informar a la asociación ecologista, a revisar el contrato de adjudicación del coto de caza en caso de haber prescindido del procedimiento legal y a colaborar con el Procurador del Común. Ante la reiteración en la falta de respuestas del Alcalde de esta Junta Vecinal, Ecologistas en Acción decidió informar a la Fiscalía que abrió diligencias en enero de 2021, archivadas en mayo de ese mismo año sin haber obtenido tampoco respuesta de la Junta Vecinal.

Por las informaciones disponibles, en marzo de este año 2025 se ha producido el vencimiento del contrato de adjudicación del coto de caza y la asociación ecologista solicitó información a la Junta Vecinal de San Salvador a través del Ayuntamiento de La Pernía y, de nuevo, se reproduce la misma situación que hace 5 años, no obteniendo ninguna respuesta.

Ante esto, Ecologistas en Acción recurre ante la Fiscalía Provincial informando de la situación, que se repite por segunda vez y que solo la Fiscalía tiene capacidad de investigar ante la negativa reiterada del Alcalde de la Junta Vecinal de San Salvador de Cantamuda a contestar a ningún estamento o institución, Fiscalía incluida.

En sus diligencias de 2021 la Fiscalía indicaba que “las posibles irregularidades administrativas requieren para ser penadas de un plus de antijuricidad, requieren ser manifiestamente ilegales, no susceptibles de corrección administrativa y un elemento intencional, que la acción u omisión sean manifiestamente injustas”. Elementos todos ellos que parecen cumplirse ahora dada la actitud evidente del Alcalde de la Junta Vecinal.

También requería la Fiscalía en 2021 un perjuicio para la comunidad vecinal, algo que podría estar produciéndose si los precios de adjudicación son claramente inferiores a los de mercado.

Ante el desprecio total y absoluto por parte del Alcalde-Presidente de la Junta Vecinal de San Salvador de Cantamuda a todas las instituciones, Fiscalía incluida y por segunda vez, la asociación ecologista considera que ésta debe actuar porque la actitud del Alcalde podría ser ya considerada en esta ocasión, por su reiteración, como una infracción penal.