La jueza da la razón a la Iglesia y ordena el desahucio de las exmonjas de Belorado

Burgos

La jueza de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca (Burgos) ha dado la razón a la Iglesia Católica en su demanda de desahucio contra las ocho exmonjas del Monasterio de Santa Clara, en Belorado. Según fuentes judiciales, el fallo condena a las religiosas a abandonar el inmueble antes del próximo 12 de septiembre, fecha prevista para el lanzamiento.

La decisión judicial llega tras la vista oral celebrada recientemente, en la que se escucharon los argumentos de ambas partes. El letrado Roberto Saiz actuó como representante legal del arzobispo, quien no compareció personalmente en el juicio.

La defensa del Arzobispado sostuvo que debía aplicarse el Derecho Canónico, que contempla el desahucio de un inmueble eclesiástico si quienes lo ocupan declaran no sentirse representados por la Iglesia Católica.

Las exmonjas, que apostataron públicamente y se desvincularon de la Iglesia de Roma, defendieron su permanencia en el monasterio alegando que el Registro de la Propiedad de Belorado reconoce como titular del inmueble a la comunidad de religiosas clarisas de Belorado.

Sin poder de representación

Su abogado, Florentino Aláez, argumentó que el arzobispo no tiene poder de representación sobre dicha comunidad y pidió que se desestimara la demanda.

Durante el juicio, el portavoz del Comisario Pontificio, Nacho de Gamón, expresó su sorpresa por la estrategia de defensa de las religiosas y mostró su confianza en que el desahucio se llevara a cabo. Finalmente, la jueza ha respaldado la posición de la Iglesia y ha ordenado el lanzamiento del inmueble.

Antes de la vista, algunas de las religiosas manifestaron su rechazo a la autoridad eclesiástica. Sor Paloma calificó al arzobispo de "cobarde" por no presentarse en el juicio, mientras que Sor Beritz aseguró que tenían la conciencia tranquila y confiaban en la justicia divina. Sor Sión, por su parte, afirmó que no se arrepienten de haber abandonado la Iglesia de Roma y que están más convencidas que nunca de su decisión.

La sentencia judicial pone fin a un proceso que ha generado una notable atención mediática y eclesial, al tratarse de un caso inédito de cisma protagonizado por una comunidad monástica. Las religiosas deberán abandonar el monasterio en cumplimiento del fallo, salvo que presenten algún recurso que paralice el procedimiento.

El desahucio, previsto para el 12 de septiembre, se ejecutará si no se produce ninguna resolución judicial que lo impida. La jueza considera que, tras la ruptura con la Iglesia Católica, las exmonjas no tienen derecho a seguir ocupando un inmueble que pertenece a la institución eclesiástica.