El Partido Socialista acusa al consejero de Vivienda de "hacerse un Montoro"
Los socialistas estudian llevar al Contencioso Administrativo la orden de la Junta que regula el precio de venta y alquiler de las viviendas de promoción pública
La secretaria de Vivienda del PSOECyL, Ana Casado, analiza diversos asuntos relacionados con la política de la vivienda de la Junta / Rubén Cacho ICAL
Valladolid
La secretaria de Vivienda del PSOE en Castilla y León, Ana Casado, ha acusado al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de haberse "hecho un Montoro" con la Orden MAV de 10 de julio por la que se unifican los regímenes para la determinación de los precios máximos de venta, adjudicación y de referencia para el alquiler.
La socialista ha asegurado que el objetivo del gobierno popular es favorecer a las empresas en detrimento de los ciudadanos y ha sido especialmente crítica con el punto 5 del artículo 2 de la orden recién publicada por, dice la secretaria de Vivienda, "dar legitimidad a cobros presuntamente ilegales".
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Cobros que las empresas habrían realizado a sus inquilinos a lo largo de los últimos años en viviendas de protección pública a los que cobran 230 euros más de lo que fija el Estado y que ya se plasmó en una instrucción de 2022, que no era de obligado cumplimiento y que dice la socialista "estaba generando una inseguridad jurídica que se ha querido enmendar ahora con una nueva orden 'ad hoc' para favorecer a las empresas".
Casado ha destacado que "lo más doloroso" del asunto sería el hecho de que "las familias que pagan el alquiler suelen tener dificultades para llegar a final de mes y que pagan su alquiler rigurosamente con la confianza de que la Junta de Castilla y León vigila el procedimiento".
La socialista ha recordado a Suárez-Quiñones que "la Administración está para vigilar el cumplimiento de las normas y no para crearlas presuntamente para enriquecer a fondos de inversión a costa de cobrar a inquilinos de viviendas de protección pública por encima del precio máximo legal que establecen los planes estatales".
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La secretaria de Vivienda del PSOE en Castilla y León, Ana Casado recuerda al consejero de Vivienda, Suárez-Quiñones que las normas en materia de vivienda no deben enriquecer a fondos de inversión
Ejemplos de subida
La secretaria de Vivienda ha acusado a la Junta de encarecer el mercado inmobiliario con esta norma y así lo ha ejemplificado. Según Ana Casado, viviendas que en el año 2010 eran calificadas en localidades vallisoletanas como Simancas, Zaratán o Arroyo de la Encomienda, con 90 metros cuadrados útiles, 25 de garaje y 8 de trastero, se compraban por un precio máximo de 116.519 euros. En cambio, ahora se puede vender por 224.716 euros, un 98% más.
También ha puesto un ejemplo de la provincia de Soria, donde una vivienda pública incluida en el régimen general comprada en el 2015 por 133.165 euros, ahora se vende por 224.716 euros.
Familias humildes
Ana Casado ha asegurado que esta orden supone "una vuelta más de tornillo" a las dos últimas de precios máximos de venta como de referencia del alquiler que subieron un 40% el precio de las viviendas de protección pública en la Comunidad, algo que ha recordado, ya habían denunciado desde la oposición.
También ha subrayado que estas normativas van dedicadas a familias humildes, aseverando que "una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa y esta Orden no es justa en absoluto".
