El equipo de gobierno de Aranda acusa a PP y PSOE de bloquear la ejecución de un auto judicial sobre el Oficial Mayor

Aranda de Duero

El equipo de gobierno municipal arandino arremete contra PP y PSOE por votar en contra de un auto judicial sobre las retribuciones del Oficial Mayor para compensar económicamente las nuevas funciones de colaboración y sustitución de Secretaría General que fueron establecidas en el mandato anterior.

La Alcaldía en una nota de prensa carga especialmente contra el PSOE por unas declaraciones de su portavoz, del que dice que disfraza este auto judicial de sospechas, cuando no directamente de mentiras y difama gravemente una vez más a trabajadores de esta administración”.

Según el comunicado, la pasada semana la Comisión de Personal trató el expediente sobre el puesto y retribuciones del Oficial Mayor con el objetivo de cumplir la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, recogida en un auto judicial declarado firme el 3 de septiembre de 2024. Tanto PP como PSOE votaron en contra, lo que el gobierno local considera “bloquear la ejecución de un acto dictado por una autoridad judicial”.

El origen del conflicto se remonta a 2017, cuando el Ayuntamiento modificó el puesto de Oficial Mayor, otorgándole nuevas funciones y una valoración económica que posteriormente fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El actual trabajador solicitó en diciembre de 2022 la fijación del complemento específico y, al no recibir respuesta, presentó demanda en enero de 2024. Tras un proceso de mediación, el Ayuntamiento y el trabajador alcanzaron un acuerdo ratificado judicialmente.

Desde mayo de 2024, el auto permanece sin ejecutar, lo que ha llevado a los representantes legales del funcionario a solicitar en dos ocasiones la ejecución forzosa. El equipo de gobierno ya intentó aplicar la resolución en diciembre de 2024, pero la oposición forzó dejarla sobre la mesa.

La Alcaldía advierte de que el incumplimiento del auto puede acarrear consecuencias “muy graves” para el Ayuntamiento, tanto económicas como penales, y califica de “injusticia” el bloqueo hacia un derecho reconocido.

En cuanto a las declaraciones de Sanz, el ejecutivo local recuerda que fue él mismo quien propuso en su día recurrir a una empresa externa para valorar este tipo de puestos, metodología que ahora critica. También considera “llamativo” que el concejal negara en la última comisión de personal tener constancia del expediente mientras realizaba un “detallado análisis” del mismo.

El comunicado vincula las críticas al hecho de que el trabajador afectado está implicado en la preparación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y en la revisión de expedientes polémicos como la venta de la Plaza de Toros. Y acusa a la oposición de “querer tapar acciones pasadas” en casos como el de Proincove o el impago de la concesión del Sol de las Moreras, en lugar de “remar a favor para resolver los problemas del día a día” del municipio.